Desde Manizales, La Veintitrés informa que la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) autorizó la integración de Tigo y Movistar en Colombia, pero impuso un marco de salvaguardias para mitigar riesgos de competencia y estableció vigilancia por cuatro años. La decisión, coordinada con la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC), busca evitar que las empresas resultantes coordinen sus estrategias comerciales y que los usuarios enfrenten posibles alzas de tarifas, mediante un riguroso seguimiento y auditoría durante toda la vigencia de las medidas.
Entre las condiciones relevantes figuran descuentos obligatorios para operadores móviles virtuales, con rangos que van de 12,5% a 24,3% para el OMV Wom y de 11% a 46% para Virgin y otros; además, se establece la obligación de presentar reportes semestrales ante cambios contractuales, de tarifas o de acceso a redes. También se prohíben campañas exclusivas para captar clientes de operadores pequeños y se limitan las participaciones de sociedades vinculadas para evitar el uso indebido de información, mediante controles ONNET. En conjunto, estas salvaguardias buscan evitar una pérdida de competencia y posibles alzas de tarifas en los mercados de móvil, Internet y televisión residencial, con especial énfasis en Medellín y Barranquilla.
La fusión Tigo-Movistar quedará bajo lente de regulación durante cuatro años
La autoridad subraya que, en Colombia, existen cerca de 10 millones de accesos de Internet fijo y que esta operación podría tener efectos significativos en el territorio, especialmente en mercados donde dos grandes agentes podrían alcanzar cuotas del 80% al 90% en algunas ciudades. Las medidas permanecerán vigentes por cuatro años, y se establecen sanciones que pueden llegar hasta 100.000 salarios mínimos legales vigentes por incumplimiento, reforzando la relevancia de cumplir con las condiciones impuestas.
«los problemas de competencia que nosotros anunciamos eran básicamente efectos sobre los mercados minoristas de servicios móviles, que son los que usan todos los ciudadanos, básicamente se materializan en un incremento en la probabilidad de que las dos grandes empresas resultantes, Claro y la empresa que resulte de la operación entre Tigo y Movistar, tengan la facilidad de coordinarse en sus estrategias comerciales y que los precios pudieran incrementarse para el consumidor final». – Felipe Díaz, comisionado experto de la CRC
«hoy en Colombia nosotros tenemos cerca de los 10 millones de accesos de Internet fijo y es importantísimo los efectos que pueden ocurrir producto de esta operación porque precisamente el Internet fijo tiene un alcance local, municipal y lo que ocurre es que vamos a tener a dos grandes agentes que en algunos lugares pueden alcanzar a tener cuotas del 80% o del 90%». – Felipe Díaz, comisionado experto de la CRC
«el incumplimiento de los condicionamientos establecidos puede acarrear sanciones cuyos montos ya conocen, con topes que podrían alcanzar hasta 100.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes». – La superintendenta Cielo Rusinque
La decisión, enmarcada en un esfuerzo por equilibrar la inversión y la conectividad con la necesidad de mantener competencia y precios razonables, aumenta la transparencia y la supervisión durante cuatro años. Además, exige claridad en facturación y cumplimiento de la tarifa máxima regulatoria, y cualquier modificación de tarifas, acceso a redes o paquetes debe ser reportada y auditada semestralmente para evitar sorpresas en los usuarios y fortalecer la resiliencia del mercado ante posibles abusos de la concentración.
