Un bombardeo aéreo en Guaviare, autorizado por el presidente Gustavo Petro, dejó víctimas infantiles y abrió una contienda pública entre actores de apoyo y críticos del Gobierno. Katherine Miranda, representante a la Cámara por la Comisión Tercera, señaló que invitaba a Iván Cepeda Castro, senador y precandidato afín al Gobierno, a sumarse a una denuncia contra Petro y contra el ministro Pedro Sánchez por graves violaciones al Derecho Internacional Humanitario. La conversación se desarrolló en la red social X, donde Miranda publicó el llamado y Cepeda respondió, en medio de una conversación que también menciona a Iván Mordisco, líder de las disidencias, y al ex ministro Diego Molano citado en declaraciones.
Las cifras de víctimas infantiles varían entre instituciones: la Defensoría del Pueblo reporta 6 menores fallecidos y Medicina Legal eleva esa cifra a 7, mientras Cepeda publicó que murieron 7 menores de edad. Este marco se ubica dentro de un contexto de críticas previas a operativos aéreos durante la gestión de Iván Duque y del debate permanente sobre la coherencia política y el respeto al DIH en la actuación militar del Estado.
Repercusiones y marco político
La conversación pública entre Miranda y Cepeda se convirtió en un eje de escrutinio sobre la responsabilidad institucional en operativos militares. Miranda publicó en X un primer llamado que decía: «Te invito a que juntos denunciemos al presidente», y continuó con un mensaje en el que añadió: «Querido @IvanCepedaCast, te invito a que juntos denunciemos al presidente @petrogustavo y al Ministro Pedro Sánchez por graves violaciones al DIH. La coherencia y los principios no deben depender del gobierno de turno. ¿Te le mides?»
«SOBRE EL BOMBARDEO EN GUAVIARE No puedo dejar de condenar el bombardeo en Guaviare en el que murieron siete menores de edad. Como lo he hecho en el pasado, reitero mi posición de que acciones de esta naturaleza están claramente prohibidas por el derecho humanitario» – Iván Cepeda, senador
La respuesta de Cepeda incluyó reiteraciones sobre la responsabilidad del Estado en la protección de menores y el rechazo a cualquier acción que contribuya al reclutamiento forzado. En su diálogo público, Cepeda añadió que, si se confirma que existía conocimiento previo sobre fallecimientos infantiles, denunciaría al ministro Diego Molano por graves infracciones al DIH. En su relato, también enfatizó el compromiso de denunciar el reclutamiento de menores y las conductas de los grupos armados disidentes, subrayando que el Derecho Humanitario debe ser respetado en toda circunstancia.
Entre las opiniones de los protagonistas, el presidente Gustavo Petro ofreció una lectura diferente de los hechos al recordar que, en el marco de la lucha por recuperar territorio, se tomaron decisiones complejas para salvar a más gente en un contexto de conflicto: «Claro que es lamentable toda muerte de personas y más de menores de edad. Pero si se dejó avanzar los 150 hombres de Iván Mordisco que iban por la selva, entonces emboscan 20 soldados jóvenes que estaban al frente a pocos kilómetros. Quizás hoy la crítica que me harían es porque dejé emboscar a los soldados. Tome, a riesgo, la decisión de salvarles la vida. Es fácil teñir de rojo los mapas, es difícil reconocer los riesgos de recuperar territorio».
Este episodio llega en un momento de intenso debate público sobre la coherencia política y el respeto al DIH, en un contexto de antecedentes de críticas a operativos aéreos durante la administración anterior de Iván Duque. El caso también ha encendido el debate sobre la utilización de la red X como plataforma para anuncios y respuestas oficiales, y su potencial para desencadenar denuncias internacionales por violaciones al DIH.
En la cobertura de La Veintitrés Manizales se advierte que estas tensiones podrían endurecerse en las próximas semanas, con posibles movimientos legales y nuevas declaraciones de actores afines y opuestos al Gobierno. Aunque la fecha exacta del bombardeo no se especifica en el material, lo ocurrido en Guaviare ya es tema de discusión nacional y regional, con especial atención a los impactos en la población civil y, en particular, en los menores de edad, cuya protección aparece como eje central de las críticas y las denuncias presentadas o por presentarse ante instancias judiciales o internacionales.
