Catatumbo completa diez meses sumido en una crisis humanitaria sostenida por disputas armadas entre el ELN y las disidencias de las antiguas FARC, en particular el Frente 33 Mariscal Antonio José de Sucre y el Bloque Magdalena Medio Comandante Gentil Duarte, una pugna que ha alimentado desplazamientos masivos, confinamientos y un fortalecimiento del control territorial en la región, especialmente en Tibú, corredor estratégico hacia Venezuela. Este despacho llega desde Manizales para La Veintitrés. En ese periodo, unas 82.950 personas han sido desplazadas forzosamente; 218 firmantes del Acuerdo de Paz han resultado afectados; 2.476 habitantes permanecen confinados, de los que 183 son excombatientes o firmantes. El conflicto ha dejado seis exmiembros desaparecidos o asesinados y ha destruido 392 laboratorios en zonas rurales, con un impacto económico estimado en 196.889 millones de pesos. Además, los primeros meses de 2025 superaron el récord de desplazamientos de 2018, con más de 60.000 víctimas, lo que representa un incremento del 336% respecto a ese año y evidencia de la magnitud de la crisis.
El panorama actual señala que la presencia de esos grupos armados se ha ampliado y ha sido acompañado por una sofisticación militar notable: incremento de capacidad operativa del ELN y de las disidencias, reclutamiento de combatientes, y una activación de economías ilícitas que alimentan el conflicto y fortalecen el control social en la región. Tibú se mantiene como un corredor estratégico por su relación con Venezuela, lo que añade complejidad a las estrategias del Estado para restablecer la seguridad. La respuesta institucional se enmarca en la llamada Operación Catatumbo, orientada a presionar a las fuerzas insurgentes y a golpear las economías ilícitas, aunque las cifras oficiales de incautaciones no han sido desglosadas todavía.
Catatumbo: diez meses de crisis y la mirada hacia una salida
La dinámica de conflicto ha aumentado la actividad bélica y la capacidad de daño, con señalamientos de reclutamiento y modernización de arsenales por parte de las disidencias y el ELN. También se ha observado la utilización de drones adaptados para portar explosivos, una característica que complica las operaciones de seguridad y eleva el riesgo para la población civil. En este marco, la Corte Constitucional ha señalado un deterioro progresivo de las condiciones de seguridad, una afirmación que sitúa la revisión de la respuesta estatal como una prioridad para los próximos días. La audiencia constitucional prevista para evaluar la gestión del Gobierno frente a la crisis llega en un momento en que la región exige respuestas eficaces y coordinadas.
«deterioro progresivo de las condiciones de seguridad» – Natalia Ángel Cabo, magistrada de la Corte Constitucional
Con esta realidad, la región del Catatumbo, y especialmente Tibú, continúa marcando un pulso estratégico para la paz en Norte de Santander. Las autoridades reiteran que la Operación Catatumbo busca reducir las capacidades armadas de ELN y de las disidencias, cortar sus economías ilícitas y restablecer la movilidad y el acceso a bienes esenciales para la población, aunque las cifras de incautaciones siguen sin hacerse públicas y la población permanece bajo restricciones de movimiento y servicios básicos en medio de una tensión que no cede.
