La Veintitrés Manizales informa que el presidente Gustavo Petro defendió el bombardeo desplegado en Guaviare que dejó un saldo de 20 disidentes de las Farc muertos, entre ellos siete menores de edad, una acción que ha generado un áspero debate entre el Gobierno y sectores de la izquierda. La operación, llevada a cabo en una zona selvática del departamento, ha provocado reacciones que van desde el respaldo oficial hasta críticas explícitas, especialmente por parte de Luis Carlos Reyes, alias Mr. Taxes, quien sostuvo que la crítica desde la izquierda va más allá de las filas de la oposición.
Petro explicó que la medida se adoptó ante un riesgo inminente de emboscada contra las tropas en la zona, una explicación que ya había señalado el 15 de noviembre y que reiteró el 16 de noviembre, cuando afirmó que el bombardeo se ejecutó en una zona de selva donde era imposible respetar plenamente el principio de distinción. Iván Mordisco, líder de las disidencias de las Farc, figura entre los actores a los que apuntó el operativo. En el marco de estas afirmaciones, Jennifer Pedraza, representante a la Cámara por la Comisión Primera, indicó que el reclutamiento de menores ha mostrado un incremento del 152%, una cifra que, según ella, revela la necesidad de una política de prevención del reclutamiento que aún no se ha aplicado con rigor. Katherine Miranda, también diputada, forma parte de la órbita de críticas y de la discusión sobre las responsabilidades del Ejecutivo, mientras que el ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez, ha defendido la acción y ha sostenido que lo que otorga estatus de combatiente no es la edad sino la función dentro de una organización criminal.
Debate político e inquietudes internacionales en torno a Guaviare
La operación ha intensificado el debate entre el Gobierno y la izquierda progresista, con miras a posibles medidas de control parlamentario y a la vigilancia de organismos internacionales. La ONU Derechos Humanos en Colombia expresó una fuerte preocupación por el fallecimiento de siete menores y por la complejidad de las circunstancias que rodean el uso de menores en el conflicto armado. En ese contexto, Katherine Miranda anunció que presentará una moción de censura contra el ministro de Defensa Pedro Sánchez Suárez, mientras que Petro sostuvo que sus acciones responden a criterios de seguridad y a marcos jurídicos internacionales vigentes, recordando su historial cuando era senador, periodo en el que se oponía a intervenciones militares similares cuando estaban dirigidas contra Iván Duque.
«De la oposición de izquierda a mi gobierno ha surgido una fuerte crítica por el bombardeo en Guaviare. Debo responder unas críticas infundadas y mostrar lo que dice el Derecho Internacional Humanitario sobre el menor combatiente. No es cierto que rompí el principio de distinción. En la selva adentro donde se produjo el bombardeo era imposible romperlo: no había civiles en la zona» – Gustavo Petro Urrego
«La crítica desde la izquierda va más allá» – Luis Carlos Reyes
«La violencia a la que responde el bombardeo se financia por economías ilegales que se nutren de la reciente laxitud con los intereses del lavado de activos, el contrabando y las economías ilegales desde el Gobierno Nacional» – Luis Carlos Reyes
«Sí, el reclutamiento de menores es un crimen de guerra. Pero bombardear niños víctimas no hace que ocurra menos. ¡Por favor! En su Gobierno el reclutamiento creció 152% y llevamos años pidiendo una política sólida de prevención del reclutamiento pero nada pasa. ¡Indolentes! A usted solo le sirve una izquierda acrítica y sometida a su borrachera de poder y autoritarismo» – Jennifer Pedraza
«profunda preocupación» – ONU Derechos Humanos en Colombia
«lo que da el estatus de combatiente no es la edad, es la función que cumplen dentro de una organización criminal» – Katherine Miranda
«ante el riesgo inminente de emboscada que enfrentaban las tropas en la zona» – Gustavo Petro
En síntesis, la discusión no es meramente evaluativa sobre una acción militar, sino un pulso político sobre las herramientas que tiene el Estado para enfrentar a las disidencias, el rol de las políticas de prevención del reclutamiento y el escrutinio internacional ante la utilización de menores en confrontaciones armadas. Las repercusiones podrían traducirse en nuevas resoluciones parlamentarias, mayor presión sobre el ministro de Defensa y un seguimiento más estrecho de organismos como las Naciones Unidas, que vigilan de cerca el impacto de estas operaciones en la población civil y en la protección de los derechos de los menores.
