El gobierno de Gustavo Petro llevó a cabo un bombardeo dirigido en Guaviare contra disidencias de las Farc, una operación que, según la Defensoría del Pueblo, dejó fallecidos entre seis y siete menores reclutados, y que Medicina Legal eleva a siete víctimas. La acción, que se sostuvo como un esfuerzo para impedir una emboscada contra las tropas, abrió un intenso debate sobre la legitimidad y las consecuencias de usar bombardeos en zonas con presencia de menores reclutados. Aunque la fecha exacta no está especificada en la información disponible, la noticia llegó acompañada de una polarización marcada en redes y un receptor político que se mantiene activo en el debate público.
Entre los protagonistas figuran Iván Mordisco, líder de las disidencias de las Farc, cuyo avance por la selva, estimado en unas 150 personas, se presenta como un factor de riesgo para las tropas. En el ámbito institucional y político, destacan figuras como Juan José Lafaurie Cabal, abogado y hijo de la senadora María Fernanda Cabal, quien emitió una declaración de defensa contundente de la operación, y la senadora María Fernanda Cabal, quien cuestionó la gestión gubernamental a través de sus propias solicitudes y señalamientos. En paralelo, la Defensoría del Pueblo y Medicina Legal forman parte de los actores que han entregado las cifras oficiales sobre las víctimas, cifras que se han instalado como eje del debate público y de reacción en redes sociales, donde se discute la legitimidad, la necesidad y la eficacia de los bombardeos en escenarios de conflicto con presencia de menores reclutados.
Reacciones y marco político de la controversia
La noticia ha provocado respuestas contrapuestas en el tejido político y social. En el terreno de las opiniones, la defensa de Lafaurie Cabal ha girado en torno a la premisa de que es la defensa legítima del Estado frente a una guerrilla que utiliza la población vulnerable como escudo, una visión que justifica la estrategia de seguridad mediante bombardos para “neutralizar a los líderes terroristas” y proteger a las tropas. En contraste, la senadora María Fernanda Cabal ha cuestionado la decisión y ha señalado que la operación podría haber tenido un costo humano elevado, especialmente entre menores reclutados, desatando críticas sobre la responsabilidad del gobierno en la protección de la infancia en zonas de conflicto. En redes sociales, también surgieron voces críticas que tildan la acción de espectáculo político y señalan que hubo una carencia de inteligencia militar, citando la presencia de menores como factor de alarma humanitaria.
«A mí me gusta que regresen las operaciones militares con bombardeos. Me gusta que no se detenga la acción legítima del Estado por las trampas de las guerrillas con menores de edad. Me gusta que los cabecillas terroristas sean neutralizados. Esa es la verdadera defensa de Colombia» — Juan José Lafaurie Cabal, Abogado
«Es puro show. No se preste para publicitar esto, no lo hicieron en 3 años y a 6 meses de salir ahora sí? Es para engañar incautos. Además bombardeos sin un ápice de inteligencia militar donde solo caen niños secuestrados» — @CapsulaDelos90
«Petro, ¿qué responde? Su paz cocal recluta niños y los deja morir en bombardeos. ¿Estos niños no le duelen?» — María Fernanda Cabal, Senadora
«Claro que es lamentable toda muerte de personas y más de menores de edad. Pero si se dejó avanzar los 150 hombres de Iván Mordisco que iban por la selva, entonces emboscan 20 soldados jóvenes que estaban al frente a pocos kilómetros. Tal vez hoy la crítica que me harían es porque dejé emboscar a los soldados. Tome, a riesgo, la decisión de salvarles la vida. Es fácil teñir de rojo los mapas, es difícil reconocer los riesgos de recuperar territorio» — Gustavo Petro, Presidente de Colombia
En el marco de contexto necesario, la discusión actual se enmarca en un debate público sobre el uso de bombardeos en zonas con presencia de menores reclutados, con críticas y apoyos que se cruzan entre sectores políticos y defensores de derechos humanos. Por qué es noticia ahora: la controversia generada por el bombardeo en Guaviare y las declaraciones de figuras políticas y de familiares de una y otra parte. El impacto se mide en la polarización de redes y en cuestionamientos sobre la política de seguridad y paz del gobierno, que enfrenta una línea muy fina entre la defensa de las tropas y la protección de la población civil más vulnerable.
Entre los datos secundarios, las reacciones en redes sociales han sido variadas, con críticas a la legitimidad y eficacia de los bombardeos, y con participación de actores como la Defensoría del Pueblo y Medicina Legal, junto a figuras políticas de alto perfil, incluyendo Lafaurie Cabal y María Fernanda Cabal; Iván Mordisco como líder de las disidencias; y, por supuesto, el propio presidente Gustavo Petro, cuyas decisiones de seguridad y sus consecuencias continúan siendo objeto de análisis y debate en la opinión pública.
Con este episodio, el país enfrenta un nuevo episodio de tensión entre seguridad y derechos humanos, y se abre un periodo de intensas discusiones sobre las estrategias de defensa en zonas de conflicto, la protección de menores y la responsabilidad de las autoridades en la toma de decisiones que, según sus defensores, buscan salvar vidas y garantizar la seguridad de las tropas, así como la de la población civil en regiones afectadas por la violencia.
