Desde La Veintitrés Manizales, este medio cubre desde Bogotá la noticia central de la semana: la Alcaldía anunció la implementación de un Pico y placa de sábados para vehículos matriculados fuera de la ciudad, junto con ajustes al Pico y placa solidario, con una implementación prevista para la primera mitad de 2026. La medida prevé aplicar dos sábados al mes, entre las 6:00 de la mañana y las 9:00 de la noche, para vehículos inscritos en otras regiones del país, con el objetivo declarado de incentivar la matriculación en Bogotá y de aumentar los ingresos destinados a movilidad y seguridad vial; sin embargo, el debate público ya cuestiona el destino final de esos recursos.
Entre los datos clave se encuentran que el anuncio fue hecho por el alcalde mayor de Bogotá, Carlos Fernando Galán, y por el concejal Julián Forero. Se plantea un incremento del Pico y placa solidario para vehículos fuera de Bogotá hasta un 50% a partir de enero de 2026, y se anunciaron cambios en las tarifas de este régimen, manteniendo la aplicación en el horario vigente de lunes a viernes, de 6:00 a. m. a 9:00 p. m., para los vehículos inscritos en otras regiones del país. La Administración Distrital y la Secretaría de Movilidad impulsan estas medidas con la idea de reforzar la recaudación para movilidad y seguridad vial, y la cifra que circula es que alrededor del 30% de los vehículos en circulación no pagan impuestos en la capital.
Contextualmente, la decisión llega en un momento de contexto y antecedentes complejos: existe una tendencia decreciente en la matrícula de vehículos nuevos en Bogotá y se ha señalado que muchos conductores y familias optan por matricular fuera de la ciudad debido a impuestos más altos y trámites engorrosos. En la discusión se mencionan demoras y costos en la Secretaría de Movilidad, y se hace comparativa con municipios cercanos como Mosquera, Funza, Chía y Soacha para ilustrar la competencia fiscal y administrativa que enfrentan los bogotanos. La noticia de la nueva política de movilidad, con cambios en el régimen de matrícula y en las tarifas, señala un impacto directo sobre conductores y hogares bogotanos, y abre un debate sobre eficiencia, incentivos y el uso real de los fondos recaudados, así como posibles efectos en comercio, turismo y movilidad durante los fines de semana.
El debate y las proyecciones de impacto
El esquema ha generado críticas y visiones encontradas en el seno del Concejo y de la ciudadanía. El concejal Julián Forero cuestiona la estrategia y advierte que las decisiones no partieron de un proceso de concertación, señalando que hay factores estructurales detrás de la salida de matrículas hacia municipios vecinos. En cuanto a los fondos, la administración sostiene que los recursos recaudados se destinan a movilidad general, mientras Forero interpreta que, según su visión del Decreto, el 100% de lo recaudado por el Pico y placa solidario se destinaría al Sistema Integrado de Transporte Público (Sitp) y no a la movilidad general. Adicionalmente, se mencionan posibles efectos en costos de trámites, tiempos de atención y impactos potenciales en turismo y economía local durante los fines de semana.
«Las razones por las que durante años miles de propietarios prefirieron matricular sus vehículos fuera de Bogotá no surgieron de la nada, sino de fallas históricas del propio distrito» – Julián Forero
«El mensaje era claro: matricular en Bogotá era más caro, más demorado y más difícil» – Julián Forero
«No existe un solo estímulo para traer matrículas a Bogotá. Si realmente quisieran competir con municipios vecinos, la administración estaría proponiendo eliminar el cobro por semaforización, reducir los costos de matrícula, simplificar trámites, no incrementar tarifas y castigos» – Julián Forero
«Estas medidas solo demuestran que, una vez más, los platos rotos los pagan los conductores y motociclistas de Bogotá» – Julián Forero
En síntesis, la primera mitad de 2026 será un periodo clave donde se evaluará si el newly proposed Pico y placa de sábados y el incremento del Pico y placa solidario logran los objetivos de aumentar la matrícula en Bogotá y ampliar los ingresos para movilidad y seguridad vial, o si los costos y las tensiones políticas y sociales se trasladan a los hogares bogotanos, al comercio local y al turismo de fin de semana. La administración mantiene su postura de que el dinero recaudado se utiliza para mejorar la movilidad, mientras la oposición y los vecinos piden claridad sobre el destino real de los recursos y sobre la eficiencia de estas medidas en un contexto de competencia intermunicipal y de reformas estructurales en el transporte público y la seguridad vial.
