El presidente Gustavo Petro confirmó en octubre de 2025 que él y Verónica Alcocer llevan meses separados sentimentalmente, y persiste la controversia sobre el papel de la Primera Dama y su vida lujosa en Estocolmo. La afirmación pública del mandatario ha reavivado el debate nacional sobre la función institucional de esta figura, así como sobre la forma en que se manejan los recursos para la representación y los viajes oficiales, que en Colombia son cubiertos por el erario a través del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre).
Entre los datos disponibles se señala que Alcocer viajó con un equipo de apoyo que incluía maquilladores, diseñadores y otros asistentes, y que los gastos de sus desplazamientos y de los eventos protocolarios han estado cubiertos por el erario. En septiembre de 2024, varios medios reportaron que los gastos derivados de sus viajes eran significativos, mientras que a finales de ese año se observó una caída notable en las apariciones públicas relevantes. Este contexto se enmarca en la trayectoria de Petro desde su asunción el 7 de agosto de 2022 y en la discusión actual sobre el papel institucional de la Primera Dama en el país. Un informe del tabloide Expressen de Suecia describe lujos y alojamientos exclusivos en Estocolmo y señala, sin verificación adicional en el material publicado, la posibilidad de relación con temáticas diplomáticas sensibles, como sanciones vinculadas a la denominada Lista Clinton, subrayando la sensibilidad de la cobertura.
Debate sobre la función de la Primera Dama y la gestión de gastos públicos
Antecedentes relevantes señalan que la Primera Dama en Colombia no es un cargo público definido por la Constitución de 1991; no recibe salario ni administra recursos públicos; su función es social y protocolaria. En ese marco, los gastos de desplazamientos y actos oficiales son cubiertos por el erario a través del Dapre. Alcocer impulsó campañas a través del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf) principalmente en los dos primeros años de la administración, y en 2025 su presencia pública se redujo notablemente, con una aparición destacada en una visita a una cárcel, mientras que finales de 2024 mostraron una disminución de apariciones públicas relevantes. Este giro personal hacia una vida centrada en Estocolmo y la reducción de presencia institucional intensificó la conversación nacional sobre la transparencia de los gastos y la vigencia de las funciones protocolarias de la Primera Dama en Colombia.
No se reportan declaraciones textuales verbatim en el material recibido. – Redacción
En el panorama mediático, un informe de Expressen, el medio sueco, describe lujos y alojamientos exclusivos en Estocolmo y menciona, sin verificación adicional en el material proporcionado, la posible mención de la Lista Clinton en relación a sanciones, lo que añade una dimensión polémica a la cobertura internacional de la vida de Alcocer. Este componente subraya la necesidad de un marco de rendición de cuentas claro cuando se trata de viajes y representación internacional, además de la estricta vigilancia sobre el uso de recursos públicos para labores protocolarias.
El episodio de la separación, sumado a la focalización mediática en la vida privada de la Primera Dama y la gestión de sus gastos, sitúa el debate en un punto de inflexión para la esfera pública colombiana. Se discute, con mayor claridad, qué funciones deben sostenerse de manera institucional y qué mecanismos de transparencia deben acompañar esas funciones, especialmente cuando hay desplazamientos al exterior y una vida personal que se entremezcla con la agenda oficial. Desde la redacción de La Veintitrés Manizales, seguimos este tema con atención, consciente de su potencial impacto en la confianza ciudadana y en la definición de roles dentro del poder ejecutivo.
