JEP niega sometimiento de Pretelt y Velásquez; crímenes no vinculados al conflicto armado.

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En la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la Jurisdicción Especial para la Paz, la JEP rechazó las solicitudes de sometimiento presentadas por Sabas Pretelt de la Vega, exministro de la Presidencia, y Alberto Velásquez Echeverri, exdirector del Dapre, al concluir que los delitos por los que fueron condenados no guardan vínculo con el conflicto armado interno. La decisión fue comunicada por la JEP, aunque la fecha exacta no consta en el material disponible.

La revisión de hechos y sentencias previas permitió constatar que los cargos de condena fueron juzgados en la justicia penal ordinaria, y si bien el caso se vincula a la iniciativa de la reelección presidencial inmediata radicada en 2004 y a la negociación de apoyos en el Congreso mediante prebendas, la Sala dejó claro que no existe nexo con el conflicto armado.

La JEP delimita su competencia en casos de corrupción política

La JEP sitúa su alcance en el marco de Yidispolítica y recuerda que su competencia se centra en crímenes vinculados al conflicto armado; el fallo también detalla que la Corte Suprema de Justicia ratificó la condena de seis años de prisión para Sabas Pretelt de la Vega y Diego Palacio Betancourt y respaldó la sentencia para Alberto Velásquez Echeverri, con una fecha citada del 15 de abril de 2015, relacionada con la sentencia de los exministros.

«los delitos por los que ambos exfuncionarios fueron condenados no tienen relación con el conflicto armado» – Sala de Definición de Situaciones Jurídicas, JEP

En conclusión, la decisión de la JEP delimita claramente su competencia para excluir de su jurisdicción los delitos de corrupción política que no estén vinculados al conflicto armado, manteniendo vigentes los fallos de la justicia penal ordinaria para estos casos y subrayando que el origen y la conducta descrita en Yidispolítica deben investigarse y sancionarse fuera de la JEP. Este fallo marca un precedente importante para el manejo futuro de casos de corrupción con implicaciones políticas en Colombia, informó este despacho de La Veintitrés Manizales.

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