El Gobierno y el Congreso negocian un posible aumento del salario mínimo cercano al 11%, en medio de una discusión que ya encuentra a Sandra Ramírez defendiendo la propuesta y a Lina Garrido cuestionándola. La negociación, que contará con la participación directa del presidente Gustavo Petro y del Ministro del Interior Armando Benedetti, arrancará de forma oficial el 1 de diciembre en el Congreso de Colombia. El proceso, enmarcado en las dinámicas habituales de fin de año, se desarrollará con la participación de sindicatos y sectores empresariales y se ventilara tanto en las cámaras como en las redes sociales, donde las posturas se han mostrado confrontadas y públicas para pedir o defender aumentos que podrían impactar a millones de trabajadores y a las pequeñas empresas del país.
En este marco, la discusión toma forma con un claro pulso entre el Ejecutivo y la oposición de ideas. El debate llega con la posibilidad de que el incremento se acerque al 11%, un tema que divide criterios sobre su impacto en las microempresas y el empleo. Ramírez ha defendido la propuesta, advirtiendo que las pequeñas y medianas empresas cuentan, según datos oficiales, con una capacidad económica suficiente para afrontar el ajuste sin deteriorar el empleo. En contraste, Garrido ha subrayado los riesgos que supondría para el tejido empresarial más frágil, recalcando que las microempresas representan el 92% de las compañías en Colombia y emplean a un promedio de seis trabajadores cada una. Ramírez también señaló que la conversación se da en un contexto de negociación con sindicatos y sectores empresariales y que las redes sociales sirven como canal para expresar y contrastar las posiciones de los actores políticos y sociales involucrados, una dinámica que ha marcado la agenda pública de los últimos días.
La discusión entra en su fase oficial y las posturas se intensifican
Las cifras que rodean el debate son significativas: se señala un posible incremento del salario mínimo de alrededor del 11%, y se contrasta con argumentos sobre la capacidad de las microempresas para absorber el aumento sin perder dinamismo en el empleo. De acuerdo con Ramírez, las pymes tuvieron en 2024 ingresos de 99,5 billones de pesos y ganancias de 3,23 billones de pesos, datos que, según la senadora, respaldan la idea de que no existe una ruptura inminente para el empleo si se maneja con criterios de gradualidad y apoyo a la formalización. También se menciona de forma reiterada que casi 50 millones de pesos mensuales es la remuneración de los congresistas, un dato que la discusión utiliza para contrastar las percepciones sobre las cargas fiscales y los costos para el erario frente a los salarios de los legisladores.
«@petrogustavo y @AABenedetti quieren poner al país a pelear con el tema del #SalarioMínimo, prometiendo aumentos irresponsables al estilo #Maduro. Pero se les olvida que el 92% de las empresas en 🇨🇴 son #Microempresas, familias que apenas sobreviven con 6 empleados en promedio, ni son ricos, ni son oligarcas, ni tienen ‘grandes capitales’ y si las asfixian, las obligan a #Cerrar y NO habrá #empleo. #Petro Es un irresponsable que quiere quebrar al país» – Lina Garrido, Representante a la Cámara
A la luz de estos elementos, los analistas señalan que el inicio formal de la discusión el 1 de diciembre marca un punto de inflexión en una negociación que, históricamente, se mantiene activa hacia el cierre de año. El equipo gubernamental sostiene que el incremento podría implementarse sin quebrar la estabilidad de las microempresas, mientras que Garrido advierte que sin salvaguardias y medidas de apoyo a las familias trabajadoras, el aumento podría traducirse en cierres o recortes de empleo en ese sector. El debate está llamado a intensificarse en las próximas semanas, con la participación de los actores que ya se han pronunciado en favor de una revisión seria y equilibrada del salario mínimo, y de otros que exigen cautela para evitar efectos adversos sobre el tejido económico más vulnerable del país.
