La expareja del abogado Miguel Ángel del Río, Ximena Bustamante, abogada y socia fundadora de Miguel Ángel del Río Abogados, denunció ante la opinión pública una supuesta red de violencia física, entrampamiento en procesos judiciales y tráfico de influencias vinculados a Del Río y su círculo cercano, además de montaje de pruebas y una campaña de desprestigio. Bustamante afirmó, en una entrevista publicada por Semana sin fecha especificada, que la relación profesional y personal con Del Río duró ocho años y que ella tenía 23 años cuando iniciaron ese vínculo. Según su relato, los esfuerzos para obtener favores y contratos se apoyaron en contactos dentro de entidades públicas, y las reuniones con las supuestas redes de poder habrían ocurrido tanto en la oficina de Bustamante como en diligencias descritas en una comisaría mencionada en las denuncias.
Entre los nombres citados figuran Manuel Castañeda, cliente de la firma; Diego Cadena; Wadith Velásquez, investigador y mano derecha de Del Río; y Railin Elizabeth Yepes, actual pareja de Del Río. Bustamante sostiene que Miguel Ángel del Río y Castañeda habrían planeado actuar como agentes provocadores en un entrampamiento, iniciándolo supuestamente contra Bustamante y extendiéndolo a repercusiones en el proceso de Álvaro Uribe. También denuncia una campaña de amenazas e intimidación, un supuesto montaje de pruebas y la difusión de información falsa para dañar su reputación. En su relato se señala que se utilizaron vínculos con entidades públicas para obtener favores y contratos, y se menciona una supuesta petición de protección ante la UNP que, según la denunciante, Del Río habría gestionado irregularmente.
Denuncias de alto voltaje sacuden despacho y cuestionan la integridad institucional
La narrativa de Bustamante se apoya, según su versión, en un entramado que incluye relaciones y vínculos citados como el vicecontralor Carlos Mario Zuluaga; Sebastián Caballero, expresidente de la SAE; Euclides Torres; Nicolás Petro; y Germán Londoño. En el plano institucional, señala a entidades públicas mencionadas como la SAE (Sociedad de Activos Especiales), la Contraloría y el Ministerio de Minas, en un marco en el que, sostiene, se habrían gestado entregas de vehículos, prórrogas en auditorías y otros beneficios a cambio de favores. El relato también describe reuniones en la oficina de Bustamante y una diligencia en una comisaría que, según la denunciante, serían parte de la presión para influir en procesos judiciales.
«Las pruebas hablan solas, no tengo mucho más que decir» – Ximena Bustamante, abogada
Este conjunto de acusaciones plantea preguntas sobre la integridad institucional y la seguridad de los abogados ante gestiones ante entidades públicas y el sistema judicial colombiano. La información publicada por Semana, a partir de la versión de Bustamante, señala un posible patrón de abuso de poder, montaje de pruebas y campañas de desprestigio en un contexto de ruptura profesional de ocho años y de una relación sentimental que comenzó cuando ella tenía 23 años. Hasta el momento, no se conocen declaraciones oficiales de Del Río, de la firma ni de las entidades involucradas, y corresponde a las autoridades valorar las denuncias y determinar si existen indicios para abrir investigaciones formales. El caso Uribe, citado en el relato, podría verse afectado por este nuevo giro en las acusaciones y exigir una revisión rigurosa de las pruebas y de las actuaciones mencionadas.
