El Gobierno Petro, a través del Ministerio de Minas y Energía, estudia una propuesta de los gremios del sector eléctrico para estratificar el cobro de la energía por consumo, una medida que podría incrementar las facturas de usuarios con subsidios y, al mismo tiempo, permitir dirigir los recursos públicos a quienes realmente los necesitan. La evaluación se realiza en la Región Caribe, Colombia, y cuenta con la intervención del ministro Edwin Palma junto a los gremios del sector.
Según las fuentes cercanas al proceso, el análisis se está sosteniendo en criterios de transparencia y responsabilidad y se ha impulsado tras una reunión entre el ministerio y los gremios para revisar el impacto en las tarifas, la focalización de subsidios y la viabilidad de eliminar privilegios. Aunque no hay una fecha específica para la decisión, el foco está en avanzar con un marco que permita que los subsidios lleguen a quienes realmente lo requieren.
La subasta de energía y el horizonte regulatorio alimentan la discusión
Entre los datos clave se sitúa la próxima subasta de energía prevista para el primer trimestre de 2026, un plazo que alimenta la urgencia de definir cualquier cambio regulatorio que pueda afectar inversiones y la seguridad del suministro. Expertos citados señalan que Colombia está cerca de enfrentar un apagón energético, citando el crédito de Air-e como señal de alerta ante la necesidad de un entorno regulatorio estable que sostenga la rentabilidad de las generadoras y el apalancamiento, especialmente en periodos de escasez.
«injusticia histórica» – Edwin Palma, ministro de Minas y Energía
El propio Edwin Palma ha señalado que un sistema que financia subsidios para quienes tienen la capacidad de pagar termina por profundizar una desigualdad histórica y desviar recursos que deberían destinarse a educación y salud de los más pobres. En esa línea, el ministro ha insistido: la focalización de subsidios debe buscar a quién realmente lo necesita y dejar de beneficiar a quienes siempre han contado con privilegios dentro del sistema.
«del Presupuesto General de la Nación —que debería fortalecer la educación y la salud de los más pobres— terminan saliendo subsidios para usuarios que con claridad tienen la capacidad de pagar su consumo real» – Edwin Palma, ministro de Minas y Energía
«Nosotros no vamos a defender privilegios, defendemos el interés público. Los subsidios deben llegar a quienes realmente los necesitan, no a quienes siempre han tenido las ventajas del sistema» – Edwin Palma, ministro de Minas y Energía
«un cambio constante en las políticas, que prioriza el control de precios a corto plazo sobre la previsibilidad financiera, puede erosionar la visibilidad del flujo de caja y ejercer presión a la baja sobre las calificaciones» – Fitch Ratings
«También señaló que las nuevas normas del mercado eléctrico colombiano reducen la flexibilidad comercial de las generadoras y podrían afectar la rentabilidad y el apalancamiento, especialmente durante períodos de escasez.» – Fitch Ratings
«La agencia alertó que, si no se garantiza un entorno regulatorio estable, el país podría enfrentar dificultades para atraer nuevas inversiones antes de la próxima subasta de energía prevista para el primer trimestre de 2026, lo que incrementaría el riesgo de desabastecimientos energéticos en el futuro.» – Fitch Ratings
En este marco, la discusión aporta un contexto de antecedentes: el sistema de subsidios en la energía eléctrica en Colombia ha permitido que usuarios con mayor capacidad económica reciban beneficios financiados con recursos públicos. El Gobierno sostiene que es necesario focalizarlos para maximizar el impacto social y reducir costos para la educación y la salud de los más vulnerables. Esta focalización y posibles modificaciones tarifarias podrían tener efectos significativos en la rentabilidad de las generadoras y, por tanto, en la seguridad y el costo del suministro para los hogares y las empresas a lo largo del territorio, especialmente en la región Caribe.
Gremios del sector eléctrico presentaron la propuesta de estratificación por consumo y, junto con analistas y autoridades, subrayan que la decisión debe equilibrar la necesidad de justicia social con la estabilidad del mercado. Expertos citados advierten que, aunque la medida busca eficiencia y equidad, su implementación requerirá claridad regulatoria y mecanismos de transición para evitar shocks tarifarios que afecten tanto a consumidores como a proveedores.
En resumen, la definición de una estrategia de focalización de subsidios y la eventual estratificación del cobro por consumo se inscribe en un momento de revisión del marco normativo y de la confianza de inversionistas ante la próxima subasta de energía. El sector espera señales claras sobre la dirección de estas políticas para reducir riesgos de desabastecimiento y garantizar que los recursos públicos cumplan su objetivo social sin perder la viabilidad económica de las empresas que sostienen el suministro energético del país.
