Un informe de Amnistía Internacional advierte que la Justicia Penal Militar en Colombia continúa interviniendo en investigaciones sobre violaciones de derechos humanos y crímenes de derecho internacional cometidos por miembros de la fuerza pública, y propone excluir a la Policía Nacional de la Jurisdicción Penal Militar y trasladar esos casos a la justicia ordinaria. El análisis, basado en la revisión de 398 casos de conflictos de jurisdicción analizados por la Corte Constitucional entre febrero de 2021 y octubre de 2024, se inscribe en el contexto de protestas que han marcado las últimas dos décadas en el país.
El informe se apoya en información de instituciones judiciales colombianas y en casos de la Corte Constitucional, y señala ejemplos emblemáticos como las desapariciones forzadas ocurridas en los años ochenta de Luis Fernando Lalinde y Nydia Erika Bautista, que fueron juzgados inicialmente por tribunales militares. También destaca la tendencia de remitir investigaciones por lesiones y muertes de agentes durante protestas sociales a la Jurisdicción Penal Militar, lo que, según la organización, agrava las dificultades para ser juzgadas las víctimas y los responsables.
Amnistía Internacional propone excluir a la Policía Nacional de la Jurisdicción Penal Militar y remitir casos a la justicia ordinaria
La organización sostiene que las normas nacionales e internacionales quedan incumplidas cuando la jurisdicción militar asume investigaciones de posibles violaciones a la vida y la integridad personal cometidas por policías o militares. Por ello propone reformas constitucionales y legales para restituir a la justicia ordinaria un mayor grado de competencia, restringir el ámbito de actuación de la JPM y asegurar capacitación obligatoria para operadores judiciales. El informe también aboga por el traslado inmediato de los casos relevantes a la justicia ordinaria y por mecanismos que garanticen las garantías procesales de las víctimas. El enfoque del informe se enmarca, según sus autores, en la necesidad de alinear a Colombia con sus obligaciones internacionales y se mencionan conversaciones con Infobae Colombia para exponer los puntos de vista de Alejandro Jiménez.
«La Justicia Penal Militar no debe conocer sobre casos relacionados con posibles violaciones de derechos humanos y crímenes de derecho internacional. En su carácter de administradora de justicia dentro de la institucionalidad colombiana, la Justicia Penal Militar debe garantizar los derechos de todas las partes dentro de los procesos judiciales. Eso incluye a las víctimas de este tipo de hecho, que tienen derecho a ser escuchadas por la justicia penal ordinaria y que los hechos que sufrieron sean tramitados allí, con todas las garantías procesales para las partes. Es decir, no deben ser obligadas a ir ante la Justicia Penal Militar» – Alejandro Jiménez, investigador de Amnistía Internacional
«Los intentos de asignar competencia a la Justicia Penal Militar en casos sobre posibles violaciones de derechos humanos y crímenes de derecho internacional continúa. La investigación encontró que actualmente el foco del problema está en los delitos contra la vida y la integridad personal, especialmente los homicidios» – Alejandro Jiménez, Amnistía Internacional
«Existe una consciencia instalada en algunas instituciones colombianas (no solo la Justicia Penal Militar) de que sí la tienen sobre homicidios y lesiones personales, entre otros delitos graves, la dificultad de abordar el asunto está, por un lado, en un marco jurídico colombiano que sigue siendo ambiguo y por otro, en esa consciencia instalada en las instituciones» – Alejandro Jiménez, Amnistía Internacional
«Se puede recurrir a reformas constitucionales y legales requeridas para que Colombia se ponga en línea con sus obligaciones internacionales. También hay acciones que pueden tomar directamente fiscales y jueces penales militares en términos de remitir inmediatamente a la justicia ordinaria los casos sobre posibles violaciones a los derechos a la vida e integridad personal» – Alejandro Jiménez
En el marco de la presentación, el informe subraya que la investigación se apoya en información de instituciones judiciales y en la revisión de 398 conflictos de jurisdicción analizados por la Corte Constitucional entre febrero de 2021 y octubre de 2024. Se destaca también la sombra de impunidad de casos de desapariciones forzadas de los años 80, cuando Lalinde y Bautista fueron víctimas de un sistema que, según la nota, dejó a las víctimas sin una justicia adecuada durante demasiado tiempo. Se recuerda, además, la tendencia de remitir investigaciones sobre lesiones y muertes de agentes durante periodos de protesta a la Jurisdicción Penal Militar, una práctica que el informe propone terminar para garantizar responsabilidad efectiva ante la justicia ordinaria.
El informe concluye llamando a reformas constitucionales y legales para excluir a la Policía Nacional de la JPM, limitar la competencia de la JPM en derechos humanos, establecer capacitación obligatoria y asegurar el traslado inmediato de los casos relevantes a la justicia ordinaria. El objetivo, explican, es alinear a Colombia con sus obligaciones internacionales y superar un marco que, a ojos de Amnistía Internacional, mantiene abiertos agujeros de impunidad. La organización señaló que la fuente principal cita un diálogo con Infobae Colombia para exponer los puntos de vista de Alejandro Jiménez, reforzando la relevancia de estas propuestas en el debate público.
