En una historia que cobra relevancia en la región, el exministro Wilson Ruiz ofreció respaldo jurídico a la abogada Ximena Bustamante tras denuncias de presunto montaje y una campaña de desprestigio. El caso involucra al abogado Miguel Ángel del Río y a un cliente vinculado a la firma, conocido como narcochofer, Manuel Castañeda, y se inscribe en un contexto más amplio que ha puesto bajo la lupa a figuras públicas y a un proceso legal relacionado con Álvaro Uribe. Ruiz, quien formó parte del gobierno de Iván Duque, difundió declaraciones públicas en las que promete acompañamiento legal, mientras Bustamante denuncia una operación para dañar su reputación y Del Río niega las acusaciones y ha amenazado con una denuncia.
De acuerdo con el relato, Bustamante ejerció como abogada y participó en la creación de la firma Miguel Ángel del Río Abogados. Manuel Castañeda, descrito como cliente vinculado a la firma y conocido como el narcochofer, aparece en la narrativa que acompaña el caso. La relación entre Bustamante y Del Río se prolongó ocho años. En respuesta, Del Río negó las acusaciones y advirtió que presentaría una denuncia; el episodio ha provocado reacciones en distintos sectores y ha reavivado el debate público en torno a violencia de género y responsabilidad profesional, especialmente por la posible influencia de procesos que involucran a Álvaro Uribe.
Respaldo y reacciones en un caso que cruza fronteras legales y políticas
«Te tendré preparada la denuncia» – Miguel Ángel del Río
«Toda mi solidaridad con Ximena Bustamante. No es la primera vez que un petrista es acusado de maltratar mujeres, y ya está bueno de tanta impunidad. Las denuncias contra @migueldelrioabg son gravísimas y requieren acciones contundentes. @XimeBustamant, cualquier apoyo jurídico que necesite, nuestra oficina está con usted. La justicia no se amedenta» – Wilson Ruiz
Este episodio marca un pulso entre la defensa jurídica, la reputación profesional y la dinámica de las investigaciones que involucran a figuras públicas. La aparición pública de Ruiz y la respuesta de Del Río aportan una capa de tensión al proceso, que podría influir en los procedimientos legales en curso y renovar el debate social sobre el impacto de las campañas de desprestigio y la protección de víctimas, así como la responsabilidad de quienes trabajan en firmas de abogados en contextos políticos y mediáticos.
