En una actuación que reitera la alarma por la seguridad en la capital, Katherine Andrea Martínez Martínez, alias Gabriela, fue imputada por terrorismo por planear un atentado con bomba tipo lapa en Bogotá el 3 de junio y permanece recluida en un centro carcelario mientras avanza la investigación por el magnicidio de Miguel Uribe Turbay, ocurrido el 7 de junio en el occidente de la ciudad, una coincidencia que ha elevado el interés de las autoridades y el escrutinio público sobre estas redes delictivas.
La imputación detalla su participación en la coordinación de acciones para un ataque, la realización de labores de vigilancia y la entrega de la bomba a un menor de edad, así como su vínculo con la logística y la planificación que buscaban ejecutar en el centro y el entorno de Bogotá, con indicios de una conexión con Teusaquillo y con la dinámica de ataque frustrado por la intervención policial. El avance de la investigación señala que Martínez habría sido capturada en Caquetá, en una trayectoria que amplía las líneas de investigación sobre posibles eslabones de una misma célula delictiva y su operación desde distintas localidades de la ciudad.
Conexiones entre el caso Uribe Turbay y redes delictivas en Bogotá
«Las investigaciones continúan para esclarecer todos los hechos y establecer responsabilidades.» – Autoridad policial
Entre las piezas de contexto, la investigación también vincula a Élder José Arteaga Hernández, alias El Costeño o Chipi, señalado como la cabeza del plan para matar a Uribe Turbay, quien ya registra un historial delictivo y permanece privado de la libertad por su presunta participación en el magnicidio. En paralelo, se detallan hechos relacionados con un homicidio mexicano ocurrido en Medellín el 30 de junio de 2024, en El Poblado, donde un comerciante de productos tecnológicos de 54 años fue la víctima; según las autoridades, este caso implicó que los responsables trasladaran a Medellín desde Bogotá un día antes para coordinar los preparativos, y señalan a David Acosta Díaz como coautor, quien permanece recluido en la cárcel de Acacías, Meta, por otro proceso. Las sentencias en ese expediente mexicano incluyen 25 años de prisión para Antonio Rafael Herrera Escobar mediante preacuerdo y 18 años para Jhon Fabio Prada Rico y Anthony Johan Tobar Ponceleón, condenas que reflejan la severidad de las pesquisas cruzadas que buscan entender la red de actores involucrados en estas actividades criminales en varias ciudades.
