La Sección Quinta del Consejo de Estado anuló la designación de Leopoldo Múnera como rector de la Universidad Nacional de Colombia y ordenó la restitución de José Ismael Peña Reyes en el cargo, en un fallo conocido el 20 de noviembre de 2025. Peña Reyes había sido designado rector por el Consejo Superior Universitario el 21 de marzo de 2024, y la sentencia señala la necesidad de restituir al designado ante cuestionamientos sobre la legitimidad de dicho nombramiento, con la opinión de que la decisión afecta directamente a la gobernabilidad de la institución y a la fortaleza de la democracia interna universitaria. Paloma Valencia, senadora, figura entre los actores que promovieron la demanda para revisar este proceso.
El fallo llega en un contexto de crisis institucional que se agudizó tras la llegada de Múnera a la rectoría en junio de 2024, en un entorno de amplio respaldo pero con tensiones latentes entre distintos sectores académicos y las estructuras de decisión. En su esencia, la sentencia reabre un debate sobre la delgada línea entre la legalidad de un proceso y la legitimidad de un mandato en una entidad tan influyente como la Universidad Nacional. En las redes sociales se registraron diversas opiniones sobre la legitimidad de los procesos de elección y la fortaleza de la democracia universitaria, mientras la senadora Valencia celebró la decisión como una victoria institucional y un hito para la autonomía universitaria.
Impacto institucional y lectura de la sentencia
La resolución ordena restituir a José Ismael Peña Reyes como rector, en un contexto en el que el año de referencia del proceso de designación y de la designación anterior se enmarca en 2024. Entre las fechas relevantes se encuentra el 6 de junio de 2024, fecha mencionada como establecimiento del Consejo Superior, y la designación de Peña Reyes por dicho consejo en marzo de ese año. Este fallo genera una tensión entre legalidad, gobernabilidad y democracia interna, y reconfigura las dinámicas de poder dentro de la Universidad Nacional de Colombia, al cuestionar la vigencia de un nombramiento que se asumía como legítimo por parte de las autoridades universitarias y del propio estamento estudiantil y docente.
«Voy a respetar la sentencia proferida por el Consejo de Estado, pero considero que fue muy laxo con el Consejo Superior que designó a Peña como rector de la Universidad Nacional y muy estricto con el Consejo Superior que designó a Múnera como rector de la Universidad Nacional de Colombia» – Leopoldo Múnera, exrector de la Universidad Nacional
«El equipo directivo de la Universidad Nacional llama a la comunidad universitaria a asumir este futuro inmediato con tranquilidad y con calma, que podamos debatir sobre la sentencia y sobre lo que nos espera en la universidad» – Leopoldo Múnera, exrector
«Pero además, que podamos culminar el semestre realizando las funciones misionales que tiene nuestra institución y también con una coherencia académica y administrativa» – Leopoldo Múnera, exrector
«Hay un proyecto diferente de universidad andando, que incluye el proceso constituyente, el cual es muy importante para la democratización del gobierno y la vida universitaria. Si hemos tenido tantos problemas en los últimos meses y en los últimos semestres, es porque la democracia universitaria es débil y la comunidad tiene la obligación de consolidarla» – Leopoldo Múnera, exrector
Con estas declaraciones, el exrector subraya la necesidad de un debate sereno y sostenido sobre el modelo de gobierno universitario, al tiempo que señala que la comunidad debe avanzar hacia una madurez democrática que permita superar las tensiones recientes. La decisión judicial, por su parte, coloca al centro de la discusión la legitimidad de los procesos de designación y su impacto en la gobernabilidad de una de las instituciones educativas más importantes del país, con lecturas que se extienden a la esfera política, donde la senadora Paloma Valencia ya ha sido mencionada en el marco de la demanda y su posterior posicionamiento público.
En resumen, la sentencia del Consejo de Estado no solo cambia el rectorado de la Universidad Nacional, sino que reabre un debate sobre la vigencia de las garantías institucionales frente a las designaciones y sobre la fortaleza de la democracia universitaria, un tema que seguirá siendo tema de conversación entre estudiantes, docentes y autoridades en el corto y mediano plazo.
