El 10 de noviembre de 2025, un bombardeo del Ejército Nacional con apoyo aéreo cercano en Guaviare dejó como saldo la muerte de siete menores de edad. En la operación participaron unos 20 militares que rodeaban la zona, y en el momento de la ubicación para rescate dos menores acompañaban a la fallecida. La noticia ha reavivado el debate público sobre el uso de bombardeos en campamentos con presencia de menores y sobre las responsabilidades del Estado ante el reclutamiento de niños por parte de las disidencias de las Farc-EP, un tema que Blu Radio ha cubierto con atención y que la Defensoría del Pueblo ha señalado como de alta prioridad para la protección de población civil.
Un padre cuya identidad no puede ser revelada por motivos de seguridad explicó que su hija formaba parte de una comunidad indígena y que la familia había informado a la Ejército Nacional y a la Fiscalía para posibles rescates. Afirmó que la información sobre la ubicación de la menor se habría comunicado para facilitar una acción de rescate y relató que su hija fue reclutada por fuerzas ilegales de las Farc-EP el 2 de enero, en un contexto de ausencia de presencia estatal en la región de Guaviare. Según su relato, la menor llamaba pidiéndole ayuda para salir de donde se encontraba, y aseguraba estar acompañada por dos menores más, mientras proporcionaba ubicaciones en tiempo real. El padre dijo que no recibió la ayuda esperada y sostuvo que estas circunstancias habrían contribuido a la tragedia. «Mi hija me llama y me pide ayuda de sacarla de donde ella se encuentra, donde estaba sola con unos compañeros, dos menores de edad más también, donde ella me da ubicaciones en tiempo real», citó. «No quisieron ayudarme, prácticamente», añadió. «Mire a lo que llega la consecuencia, en que cae mi hija», comentó a los medios. «Pienso que toda esa información que di llevó a que todo eso sucediera», completó.
«La decisión de proceder con un apoyo aéreo cercano a la tropa, que incluyó el empleo de bombardeo, para proteger a los 20 militares que se encontraban en desventaja táctica y muy próximos a la amenaza letal, se fundamentó en información de inteligencia que advertía sobre un riesgo extremo para la población civil y para los uniformados», – Ministerio de Defensa
Por su parte, el presidente Gustavo Petro escribió en su cuenta de X: «Tomé, a riesgo, la decisión de salvarles la vida. Es fácil teñir de rojo los mapas, es difícil reconocer los riesgos de recuperar el territorio». Estos pronunciamientos se suman a la conversación nacional que rodea la actuación militar, y que también ha puesto sobre la mesa las discusiones sobre el reclutamiento de menores y la responsabilidad de las autoridades ante estas dinámicas en zonas con presencia estatal débil, en especial en Guaviare.
La información de ubicación proporcionada por los padres se habría comunicado a la Ejército Nacional y a la Fiscalía para posibles rescates, y la menor fallecida formaba parte de una población indígena, mientras que la identidad de la familia no se revela por seguridad. La cobertura de Blu Radio y las referencias de la Defensoría del Pueblo fortalecen la cobertura de este caso, que ya es objeto de un amplio escrutinio público y político sobre las consecuencias humanitarias de las operaciones militares en contextos de vulnerabilidad y reclutamiento de menores.
