La implementación de la Ley Rosa Elvira Cely, creada para sancionar el feminicidio y agilizar los procesos judiciales en Colombia, no ha logrado reducir estos crímenes debido a la demora en la justicia y a una preocupante falta de capacidad institucional. Según datos de la Fiscalía General de la Nación, apenas el 33% de los casos registrados desde la vigencia de la norma han llegado a la ejecución de penas, mientras que un alarmante 67% de los procesos permanecen estancados en etapas de indagación, investigación o juicio. La profesora Carolina Zúñiga Fonseca, docente de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de Uniagraria, advierte que la ley por sí sola no es suficiente para garantizar la protección de las mujeres.
El problema se agrava por fallas en la investigación con enfoque de género, la falta de coordinación entre entidades de prevención, atención y judicialización, y las medidas de protección que llegan tarde. En 2025, Bogotá registró una tasa de violencia de pareja de 164,83 por cada 100.000 habitantes, muy superior al promedio nacional que es de 120,4, según reportes de la Defensoría del Pueblo. La situación es aún más crítica en zonas rurales, donde la atención a las víctimas es deficiente y muchos casos son investigados como homicidios comunes y no como feminicidios precisamente por la ausencia de ese enfoque de género. La Policía Nacional reporta que cada hora, 12 mujeres son agredidas dentro de sus propios hogares, y entre el 70% y el 77% de las víctimas de violencia intrafamiliar son mujeres.
Lentitud judicial agrava la crisis
La experta Carolina Zúñiga Fonseca señaló que la lentitud en los procesos no solo debilita el efecto disuasivo de la norma y normaliza la violencia, sino que también reduce la confianza de las mujeres para denunciar. “Aún existen problemas de coordinación y no siempre se garantiza una atención oportuna que permita prevenir estos hechos”, afirmó la docente. La demora judicial también tiene un impacto devastador en las familias de las víctimas, quienes quedan atrapadas en un limbo judicial y emocional.
“Estas demoras también generan consecuencias económicas, emocionales y sociales. Los familiares suelen convertirse en impulsores permanentes de los procesos, asumiendo costos de desplazamiento, acompañamiento jurídico y afectaciones a su salud mental. Cuando la justicia tarda excesivamente, la reparación integral se dificulta y el duelo permanece suspendido por la falta de respuestas”.
Carolina Zúñiga Fonseca, docente de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de Uniagraria
La Ley Rosa Elvira Cely establece penas de entre 21 y 41 años de prisión para el delito de feminicidio, un castigo más severo que el homicidio común, que oscila entre los 17 y 37 años. Sin embargo, mientras persista la impunidad y la falta de personal especializado, la capacidad institucional seguirá variando por territorio, dejando a miles de mujeres en riesgo. Los especialistas insisten en que cada feminicidio investigado adecuadamente podría aportar lecciones para fortalecer las alertas tempranas y las medidas de protección, pero la realidad demuestra que el sistema judicial aún está lejos de brindar la justicia pronta y efectiva que las víctimas y sus familias merecen.
