Desde el próximo 15 de julio de 2026, Colombia vivirá un punto de inflexión en materia laboral con la entrada en vigor de nuevas disposiciones que reducen la jornada máxima a 42 horas semanales, incrementan el recargo por trabajo dominical y festivo al 90% y modifican el inicio de la jornada nocturna a las 7:00 p. m., generando un aumento significativo en los costos laborales para las empresas del país. Estas medidas, que hacen parte de la Ley 2101 de 2021 y de la reforma laboral, representan un cambio profundo en la forma en que los empleadores deben organizar sus turnos y nóminas, especialmente para las micro, pequeñas y medianas empresas que ya enfrentan un contexto de bajo crecimiento económico y alta informalidad.
La reducción de la jornada máxima legal de 44 a 42 horas semanales se produce sin disminución salarial, lo que implica un incremento de aproximadamente el 4,8% en el costo por hora trabajada. De manera simultánea, el recargo por trabajo en domingos y festivos sube del 80% al 90% a partir de esa fecha, con miras a alcanzar el 100% en 2027, mientras que la jornada nocturna ya se adelantó a las 7:00 p. m. desde este mismo año, con un recargo del 35% sobre el valor de la hora ordinaria. A esto se suma un nuevo día festivo: el lunes 13 de julio, por el Día de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá, que eleva a 19 el total de festivos en 2026.
Nicolás Rico, socio de la firma Scola Abogados, explicó que las empresas deben comprometerse a cumplir la ley sin generar disminuciones a los salarios. “La reducción puede distribuirse en cualquier día de la semana. No tiene que ser en un momento específico”, señaló. Asimismo, advirtió sobre las sanciones para quienes incumplan: de acuerdo con el artículo 486 del Código Sustantivo del Trabajo, el Ministerio puede imponer multas de hasta 5.000 salarios mínimos a los empleadores que infrinjan las normas laborales. “Aquellos empleadores que no cumplan con la reducción de la jornada laboral podrían enfrentar sanciones que van desde uno hasta 5.000 salarios mínimos”, precisó.
«Las empresas deben comprometerse a cumplir la ley, lo cual implica no generar disminuciones a salarios. La reducción puede distribuirse en cualquier día de la semana. No tiene que ser en un momento específico»
Nicolás Rico, socio de la firma Scola Abogados
Para las mipymes, el impacto es especialmente severo. María Elena Ospina, directora ejecutiva de la Asociación Colombiana de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (Acopi), indicó que los incrementos laborales efectivos pueden oscilar entre el 6% y el 12%, dependiendo de la actividad económica y la estructura de turnos de cada compañía. “Para muchas mipymes puede representar incrementos laborales efectivos de entre 6% y 12%”, afirmó. Por su parte, Jaime Alberto Cabal, presidente de la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco), calificó la situación como un “triple choque” que elevará los costos a partir de julio. “Nuevamente, las empresas sufrirán un nuevo golpe. Se trata de un triple choque que elevará los costos a partir de julio. Los más afectados serán los sectores del comercio, bares, restaurantes, hoteles, cafeterías, panaderías, tiendas de barrio, transporte, logística y vigilancia”, declaró.
«Nuevamente, las empresas sufrirán un nuevo golpe. Se trata de un triple choque que elevará los costos a partir de julio. Los más afectados serán los sectores del comercio, bares, restaurantes, hoteles, cafeterías, panaderías, tiendas de barrio, transporte, logística y vigilancia»
Jaime Alberto Cabal, presidente de Fenalco
Una encuesta realizada por Fenalco reveló que el 64% de las empresas ha reducido su planta de personal como consecuencia de las nuevas regulaciones, y el 45% se considera poco o nada preparado para afrontar los cambios. Ante el incremento de costos, las compañías han empezado a implementar estrategias de adaptación: el 25% apuesta por la automatización de procesos, el 23% por el ajuste de precios y el 22% por la reducción de personal. Las nóminas correspondientes al mes de julio deberán liquidarse de forma mixta, aplicando las condiciones anteriores durante los primeros 14 días y las nuevas tarifas a partir del 15. Además, la reducción de la jornada elimina la obligación del día semestral de integración familiar, un beneficio que quedará sin efecto.
El panorama es complejo para sectores intensivos en mano de obra como el comercio, la hotelería, los restaurantes, el transporte, la vigilancia y la logística, que deberán reorganizar turnos y horarios para cumplir con la nueva normativa sin poner en riesgo su sostenibilidad. Mientras tanto, el Gobierno espera que estas medidas mejoren las condiciones laborales de los trabajadores colombianos, aunque el costo de la transición recae principalmente sobre las empresas, que ya venían operando con márgenes ajustados en un entorno económico desafiante.
