La Contraloría General de la República reveló que Colombia ejecutó $127,85 billones entre 2017 y 2025 para implementar el Acuerdo de Paz firmado con las extintas Farc-EP en 2016. El contralor general encargado, Carlos Silgado, presentó el balance financiero durante la inauguración del ‘Congreso Internacional 10 años del Acuerdo de Paz: entre la firma y la realidad’, un evento que reúne a entidades estatales, universidades, sociedad civil y observadores internacionales. El informe, divulgado tanto en redes sociales como en la conferencia, analiza la ejecución presupuestal en pesos constantes de 2025 y proyecta los recursos hasta 2026.
Según los datos de la Contraloría, con la apropiación prevista para 2026 los recursos acumulados ascienden a $138,1 billones, equivalentes al 65% del costo estimado inicialmente para los primeros 15 años de implementación. Sin embargo, de los compromisos del Acuerdo Final, solo aproximadamente el 35% se consideran completamente implementados. La entidad anunció que en los próximos días entregará un documento completo con el detalle de la inversión para identificar demoras, proyectos desfinanciados y alertas de corrupción.
“La Contraloría identifica que entre 2017 y 2025 la implementación del Acuerdo de Paz ejecutó $127,85 billones (pesos constantes de 2025). Con la apropiación prevista para 2026, los recursos ascienden a $138,1 billones, equivalentes al 65 % del costo estimado inicialmente para los primeros 15 años de implementación”.
Contraloría General de la República
“La paz sigue siendo una tarea viva, un proceso en construcción que exige transparencia, eficiencia en el uso de los recursos públicos y una gestión orientada al cumplimiento de la promesa de valor para las víctimas y los territorios más afectados por la violencia”.
Carlos Silgado, contralor general encargado
Avances y desafíos del acuerdo a 10 años
Entre los principales avances destacados por la Contraloría se encuentran la desmovilización de cerca de 13.000 integrantes de la extinta guerrilla, la entrega de armamento verificada por la ONU y la creación del partido político Comunes. También se resaltan los avances de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en la toma de versiones para garantizar el derecho a la verdad. No obstante, persisten retos significativos como la violencia de las disidencias, el asesinato de líderes sociales y las demoras en la entrega de tierras para campesinos. La inversión se distribuye en los seis ejes del acuerdo, siendo la Reforma Rural Integral y los planes de sustitución de cultivos ilícitos los mayores desafíos.
