El presidente electo Abelardo de la Espriella puso fin a las expectativas de continuidad de los procesos de paz iniciados por el gobierno de Gustavo Petro al anunciar, durante el discurso de entrega de la credencial por parte del Consejo Nacional Electoral el pasado 25 de junio, que no negociará con grupos armados ilegales y les otorgó un plazo de un mes para someterse a la justicia. La declaración, realizada desde Bogotá, marca un giro radical en la política de seguridad del país y deja en vilo los diálogos que el Ejecutivo saliente mantenía con distintas organizaciones en regiones como Antioquia, Atlántico, Córdoba, Putumayo, Nariño y en la mesa de negociaciones en Doha, Qatar. “A todos los ilegales: disponen de un mes para organizar su sometimiento al Estado de derecho. En mi gobierno no habrá ofertas generosas ni concesiones inaceptables como las que recibieron en el régimen que está llegando a su fin”, afirmó De la Espriella, quien asumirá el poder el próximo 7 de agosto.
La determinación del presidente electo impacta de lleno en procesos que ya mostraban señales de fragilidad. En Córdoba, la instalación de una Zona de Ubicación Temporal para el Clan del Golfo en Tierralta no se concretó el 25 de junio debido a que 400 de sus integrantes no cumplieron con los requisitos para ingresar, sumado a la falta de infraestructura y un listado oficial. Mientras tanto, en Putumayo, 99 excombatientes de los Comandos de Frontera lograron ingresar a una Zona de Ubicación Temporal en La Hormiga, donde se esperaba la sustitución de 15.000 hectáreas de hoja de coca en ese departamento y otras 15.000 en Nariño como parte del acuerdo. Sin embargo, la comunidad indígena interpuso una tutela por ausencia de consulta previa, y ahora el ultimátum de De la Espriella amenaza con descarrilar por completo el proceso.
Reacciones y posturas encontradas
Voceros de la llamada Paz Urbana en Antioquia, un proceso sin avances concretos de desarme ni desmovilización, emitieron un comunicado en el que solicitaron al nuevo gobierno que considere la continuidad de estos esfuerzos. “Solicitamos que este esfuerzo de construcción de paz urbana continúe, considerándolo un escenario crucial para la estabilidad de Medellín y el Valle de Aburrá, esto, demostrado con logros concretos en el desescalamiento de las violencias”, señalaron. Sin embargo, tanto el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, como el de Barranquilla, Alex Char, se han manifestado en contra de la negociación, alineándose con la postura de mano dura del presidente electo.
El Clan del Golfo, que venía negociando en Doha, Qatar, bajo la autorización del gobierno Petro de cinco zonas para procesos de paz condicionadas a que no existieran solicitudes de extradición, evalúa ahora la viabilidad de su espacio ante el inminente cambio de mando. Una investigación de Noticias Caracol reveló que el gobierno Petro “jugó a los congelados” con este grupo tras la posesión de 2022, una estrategia que De la Espriella ha calificado como inaceptable. Paralelamente, la ofensiva militar continúa contra las disidencias de las Farc, particularmente las facciones de “Iván Mordisco” e “Iván Márquez”, que no registran avances notables en los diálogos. En medio de este panorama, el presidente electo aseguró que gobernará para todos los colombianos, incluidos quienes no votaron por él, pero advirtió que su administración no dará “ofertas generosas” a quienes delinquen.
