El Gobierno de Abelardo de la Espriella derogó las Áreas de Protección para la Producción de Alimentos (Appa) en cinco municipios de la Sabana de Bogotá, devolviendo a las administraciones locales la competencia para decidir sobre el uso del suelo rural. La medida, materializada mediante resoluciones firmadas por el ministro de Agricultura, Indalecio Dangond, fue anunciada durante un acto realizado en la Gobernación de Cundinamarca y afecta a Sopó, Nemocón, Cogua, Tenjo y Tabio, donde cerca de 16.000 hectáreas quedan ahora bajo la jurisdicción de los alcaldes y concejos municipales.
En el evento, el presidente de la Espriella comunicó a los alcaldes su intención de retirar la figura, y posteriormente el Gobierno avanzó con las resoluciones. Según explicó el vocero presidencial, Miller Soto, la decisión responde a que las Appa limitaban la autonomía municipal para decidir sobre la organización del territorio a través de los Planes de Ordenamiento Territorial. En ese sentido, el funcionario fue enfático al señalar que el sello de protección «se volvía más fuerte que el mismo Plan de Ordenamiento Territorial del municipio», impidiendo que los gobernantes locales decidieran con libertad el uso de sus tierras.
Una decisión que devuelve la autonomía a los municipios
La derogación de las Appa, creadas a partir de la Ley 2294 de 2023 del Plan Nacional de Desarrollo del Gobierno de Gustavo Petro, busca corregir las deficiencias identificadas por la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria (Upra), que encontró fallas en la información y las evaluaciones utilizadas para delimitar las áreas protegidas en los municipios involucrados. Con esta medida, el Ejecutivo asegura que se restablece el principio de descentralización, permitiendo que las autoridades locales retomen el control sobre sus territorios.
«La llave vuelve al pueblo, vuelve a los cinco municipios. Los concejos y los alcaldes vuelven a ordenar su suelo, como manda la autonomía municipal. Eso es descentralización»
Miller Soto, vocero presidencial
Sin embargo, el vocero presidencial también aclaró que esta derogación no implica un permiso automático para cambiar el uso del suelo ni para adelantar proyectos urbanísticos. Las normas ambientales, las disposiciones sobre gestión del riesgo, la protección del patrimonio y las reglas establecidas en los Planes de Ordenamiento Territorial continúan plenamente vigentes. De esta forma, los alcaldes y concejos municipales deberán evaluar las decisiones sobre estas tierras dentro de sus competencias y respetando el marco normativo existente.
«No es un permiso automático para tumbar fincas y levantar edificios. Las normas ambientales continúan en vigor y también los instrumentos de ordenamiento territorial»
Miller Soto, vocero presidencial
El alcalde de Nemocón, Cristian Camilo Carrillo, y el secretario de Agrocampesinado de Cundinamarca, Marcos Alberto Barreto, estuvieron presentes en el acto y recibieron la noticia como un paso hacia el fortalecimiento de la gestión local. No obstante, la decisión también plantea un reto importante: estas tierras juegan un papel crucial en el abastecimiento de alimentos para Bogotá, por lo que las administraciones municipales deberán equilibrar el desarrollo territorial con la necesidad de preservar la vocación agrícola de la región. La medida, que entrará en vigor con la firma de las resoluciones, deja en manos de cada municipio la responsabilidad de definir el futuro de estas 16.000 hectáreas, con la autonomía que les otorga la ley pero también con el deber de garantizar la sostenibilidad y el bienestar de sus comunidades.
