El presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, anunció a través de sus redes sociales que a partir del 7 de agosto, fecha en la que asumirá el cargo, eliminará la Consejería Comisionada de Paz y otras dependencias de la Presidencia, como parte de un plan de austeridad que busca reducir el gasto público. La decisión, que forma parte de su promesa de campaña de acabar con los «falsos procesos de paz», ha generado una fuerte reacción del exembajador y excandidato presidencial Roy Barreras, quien advierte que la medida es un error que perjudica al propio gobierno y que no puede implementarse por decreto, ya que requiere reformas legales y constitucionales.
De la Espriella precisó que la eliminación de 229 cargos, entre los que se incluye el alto comisionado para la Paz, significará un ahorro estimado de 10.000 millones de pesos anuales. El mandatario electo aseguró que durante su gobierno no habrá más procesos de paz con grupos armados y que su objetivo será la seguridad del pueblo y el desmonte total del sistema de impunidad que, según él, impera en la actualidad. «Se acaba el comisionado para la Paz porque no habrá más procesos de falsa paz en mi Gobierno. Y a partir del 7 de agosto, el objetivo será la seguridad del pueblo y el desmonte total del perverso sistema de impunidad que reina en este momento y que se va a acabar desde que asuma el cargo en propiedad», declaró el presidente electo en un mensaje difundido en redes sociales.
La polémica legal y el llamado de atención de Roy Barreras
Roy Barreras, quien fue embajador y excandidato presidencial, cuestionó la viabilidad jurídica de la medida. En su opinión, la eliminación de la Consejería Presidencial para la Paz no puede hacerse por decreto porque tiene anclaje en la ley y en la Constitución, y advirtió que conlleva un mensaje de negación de la implementación del Acuerdo de Paz, que es una obligación del Estado con rango constitucional. «¿Quién va a responder por la vida y procesos de reintegración de los miles de excombatientes que dejaron las armas y por la reintegración de todos los que deben dejarlas para que un día tengamos paz y seguridad?», se preguntó Barreras en una declaración pública.
«La eliminación de la Consejería Presidencial para la Paz es un error que perjudica al propio nuevo gobierno, no podrán hacerlo por decreto: tiene anclaje en la ley y en la constitución e implica un mensaje de negación de la implementación del Acuerdo de Paz que es una obligación del Estado con rango constitucional»
Roy Barreras, exembajador y excandidato presidencial
El anuncio de De la Espriella también deja en el aire el futuro de la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN), entidad adscrita a la Presidencia encargada de diseñar e implementar políticas de reinserción de excombatientes. Aunque el presidente electo no mencionó explícitamente a la ARN, indicó que todas las agencias que existen en la Presidencia de la República dejarán de funcionar durante su gobierno. La actual administración cuenta con un alto comisionado para la Paz, cargo que hoy ocupa Otty Patiño, y diversas administraciones anteriores han mantenido esta figura. La decisión de eliminarla, sin embargo, enfrenta un escenario jurídico incierto y promete un intenso debate político en los próximos meses.
