En pleno periodo de transición de Gobierno, el presidente electo Abelardo de la Espriella ha solicitado una intervención urgente y preventiva de la Procuraduría General de la Nación sobre varios procesos de contratación que se adelantan en la Unidad Nacional de Protección (UNP), al considerar que comprometen su seguridad, la conformación de su gabinete y el uso de recursos públicos. La petición, presentada por el ministro del Interior designado, Rodrigo Lara Restrepo, ante el procurador general, Gregorio Eljach Pacheco, busca que el ente de control actúe antes del cambio de mando programado para el 7 de agosto de 2026, para evitar que decisiones adoptadas en los últimos meses de la administración saliente afecten la protección del nuevo mandatario, de su equipo de gobierno y de miles de personas cobijadas por el programa de protección estatal.
La principal preocupación del Gobierno electo se centra en el contrato de escoltas identificado como PSA-UNP-054-2026, cuyo valor asciende a más de 78.000 millones de pesos y que está destinado a prestar servicio de escoltas en zonas de protección que incluyen al presidente y a los miembros del nuevo gabinete. La advertencia de la futura administración es que la adjudicación de este millonario contrato antes de la asunción de De la Espriella impediría revisar los perfiles, la idoneidad y las condiciones reales de los escoltas que velarán por la seguridad del jefe de Estado y sus ministros. A esto se suma la situación de más de 5.100 cargos de oficiales de protección que se encuentran en provisionalidad, de los cuales apenas cerca de 900 fueron convocados mediante concurso de méritos, lo que genera dudas sobre la transparencia y la calidad del personal que protegerá a las nuevas autoridades.
Embarcaciones y medidas colectivas bajo la lupa
La solicitud de intervención también abarca otros procesos de contratación iniciados en julio de 2026, como el SC-UNP-050-2026 para la adquisición de 188 botes y 264 motores fuera de borda, destinados a 29 municipios de nueve departamentos del país. El Gobierno electo pide vigilancia preventiva sobre este proceso para revisar la planeación, los tiempos, las especificaciones técnicas, el cumplimiento de normas de seguridad y la pluralidad de oferentes. Asimismo, se cuestionan seis procesos de contratación orientados a adquirir bienes para medidas colectivas de protección de resguardos indígenas, que —según el equipo de De la Espriella— pudieron haberse consolidado en una sola licitación para lograr mayor eficiencia administrativa, economías de escala y un mejor uso de los recursos públicos. En estos casos, también se solicita examinar los estudios previos, el análisis del sector y los requisitos habilitantes.
“Comprometen la seguridad del nuevo presidente de la República”
Abelardo de la Espriella, presidente electo
Con esta acción, De la Espriella busca que la transición presidencial se desarrolle con respeto institucional y bajo estándares de legalidad y responsabilidad, y que la Procuraduría actúe como mecanismo preventivo para garantizar la protección de derechos fundamentales, la seguridad del Estado y la correcta administración de los dineros públicos. La petición llega en un momento crítico, cuando la UNP ejecuta contrataciones que impactarán directamente la seguridad de las nuevas autoridades y de miles de colombianos que dependen de este programa, y que la administración entrante considera que deben ser revisadas con rigor antes de que se consoliden compromisos que podrían ser difíciles de revertir.
