En Colombia, Abelardo de la Espriella, precandidato presidencial, rechazó la propuesta de una Asamblea Nacional Constituyente impulsada por el presidente Gustavo Petro y pidió juicio político en su contra, defendiendo la institucionalidad frente a lo que considera una maniobra para desequilibrar el sistema democrático. El tema gana relevancia tras la difusión de un documento divulgado por el Ministerio y la confirmación de que el Gobierno invita a la ciudadanía a participar, al tiempo que se anunció que un comité pro constituyente recogería firmas para impulsar el proceso.
De la Espriella sostuvo que la Constituyente sería una maniobra para alterar el equilibrio democrático y consolidar un poder personal, mientras el Gobierno la presenta como una transformación institucional destinada a adaptar la Constitución de 1991 a los retos actuales. En la propuesta se prevé un cuerpo de 71 delegatarios, de los cuales 44 serían de la ciudadanía general y 27 de sectores específicos como campesinos, indígenas y población LGBTIQ+. Para obtener su aprobación se requerirían cerca de 13 millones de votos a favor, y el mandato de Petro finalizaría en menos de un año, lo que aceleraría el trámite. Por su parte, el Gobierno insiste en que la Asamblea estaría regida por criterios de paridad y representación social, con la base legal en la Constitución de 1991.
La ruta legal y el debate institucional
Antecedentes: la idea de una Asamblea Constituyente no es nueva en Colombia; ya se había discutido en 2016, asociado a expresiones políticas del entonces gobierno de Uribe, y en 2020, dentro de la agenda del Centro Democrático. Por qué es noticia ahora: Petro reactivó la propuesta tras la absolución de Álvaro Uribe y llamó a la recolección de firmas; la viabilidad jurídica y política es objeto de acalorada discusión entre actores y juristas. Analistas constitucionales señalan dificultades legales y de tiempo: el proceso requeriría la aprobación del Congreso, la revisión de la Corte Constitucional y una ratificación popular con al menos un tercio del censo. En el discurso oficial, el Gobierno sostiene que la propuesta busca reformar la Constitución de 1991 para enfrentar retos actuales, y añade que la Asamblea estaría conformada por criterios de paridad y representación social, según un documento divulgado por el Ministerio; además, Petro invitó a la ciudadanía a participar y anunció que se comenzaría la recolección de firmas del poder constituyente.
«La constituyente no es viable ni en tiempos ni en fondo jurídico, pero será la mejor excusa del jefe de la mafia para incendiar la patria» – Abelardo de la Espriella
Entre las reacciones políticas, la senadora María Fernanda Cabal, del Centro Democrático, afirmó que el plan “no tiene futuro”; y Sergio Fajardo recordó la promesa de Petro de no convocar una constituyente. En cuanto a la viabilidad jurídica, analistas señalan obstáculos legales y de tiempo; el proceso requeriría la aprobación del Congreso, la revisión de la Corte Constitucional y la ratificación por al menos un tercio del censo. En el marco institucional, el Gobierno sostiene que la iniciativa busca modernizar la Constitución de 1991 para enfrentar retos actuales, mientras el ministerio subraya la necesidad de paridad y representación social. En última instancia, la discusión refleja una tensión entre la defensa de la institucionalidad y las aspiraciones de transformación política que han marcado la agenda nacional en los últimos meses.
