La abogada Ana Bejarano Ricaurte publicó una columna de opinión en la que contradice abiertamente la versión del periodista Rafael Poveda, quien ha sostenido que no se le permitió ejercer su derecho a réplica antes de que el colectivo ‘Yo te creo, colega’ divulgara denuncias de presunto acoso y abuso sexual en su contra. En su escrito, Bejarano asegura que Poveda sí recibió un cuestionario de 22 preguntas y que contó con un plazo de tres días para responder, tiempo que considera suficiente para garantizar el equilibrio informativo. La abogada, quien representa a una denunciante en un caso penal contra Jorge Alfredo Vargas, afirma que la afirmación de Poveda de que esperaba las preguntas por correo electrónico es “categóricamente falsa”.
El debate público se ha centrado en el procedimiento periodístico seguido por las comunicadoras Mónica Rodríguez, Laura Palomino y Juanita Gómez, integrantes del colectivo, antes de publicar los testimonios de presunto acoso contra Poveda. Bejarano, quien inicialmente cuestionó el método del equipo, relató en su columna que cambió de opinión tras revisar los mensajes y la cronología de las comunicaciones. Según detalla, las periodistas admitieron que la primera llamada telefónica a Poveda pudo ser desafortunada, pero defendieron el envío del cuestionario y la espera de más de 48 horas antes de proceder con la publicación. La abogada sostiene que, pese a que hubo errores en el proceso, las denunciantes cumplieron con su deber al ofrecer la oportunidad de respuesta.
La columna que contradice a Poveda
Bejarano, conocida por su labor en casos de alto perfil, publicó su columna bajo el título “La estrategia Poveda”, en la que desmenuza lo que considera una narrativa del periodista para desacreditar a sus acusadoras. “Poveda empleó su característica voz, ampliamente conocida por las audiencias colombianas, y salió a vender el cuento de que no le habían ofrecido la posibilidad de dar su versión”, escribió la abogada. En contraste, Poveda ha reiterado que la decisión de publicar ya estaba tomada y que el envío del cuestionario fue un formalismo. “No estaban buscando la verdad. Más bien querían justificar mi linchamiento en las redes sociales”, afirmó el periodista en declaraciones previas.
La controversia se intensificó días después de que Bejarano participara en una audiencia de imputación contra Jorge Alfredo Vargas, lo que añade un contexto político y judicial al debate. La abogada criticó que la discusión pública se haya centrado en juzgar a las denunciantes, en lugar de analizar las conductas denunciadas. Según su análisis, este enfoque ha generado amenazas contra una de las denunciantes, identificada como Sofía Vela, y podría desincentivar a otras mujeres a denunciar casos similares en el futuro.
“Poveda sí tuvo la oportunidad de presentar su versión de los hechos antes de la publicación. Tres días para contestar sobre los hechos de los que se le acusaba es suficiente tiempo para garantizar el equilibrio informativo.”
Ana Bejarano Ricaurte, abogada
Para Bejarano, el episodio revela una paradoja: aunque reconoce que hubo errores en la comunicación inicial del colectivo, sostiene que al final se cumplió con el deber periodístico de ofrecer el derecho a réplica. “Nos equivocamos todos, porque ellas sí cumplieron con su deber”, concluye la abogada, en un llamado a no desviar la atención de los hechos centrales de las denuncias. Mientras tanto, Poveda mantiene su postura de que fue víctima de un proceso injusto, y el caso sigue generando reacciones encontradas en el ámbito periodístico y judicial colombiano.
