En la mañana del martes 13 de enero de 2026, el abogado Christian Gallego realizó un detallado análisis de las posibles consecuencias legales que podrían derivarse si se confirma el presunto espionaje realizado con el software Pegasus contra el ministro de Justicia Andrés Idárraga, aparentemente orquestado desde el Ministerio de Defensa, institución que ha negado categóricamente el uso de esta herramienta. La denuncia, que involucra al sargento viceprimero Darwin Ramírez y surge de la circulación de un documento oficial que sustentaría la vigilancia ilegal, apunta a una implementación del software para interceptar comunicaciones, acceder a datos personales, e incluso activar cámaras y micrófonos sin autorización, todo ello en el interior del Gobierno colombiano.
Según el experto legal, esta situación configuraría una vulneración grave de derechos fundamentales como la intimidad, el habeas data, el debido proceso y las comunicaciones privadas, afectando directamente la separación de poderes. Gallego enfatizó que los derechos solo pueden restringirse mediante orden judicial motivada, con estricta legalidad y proporcionalidad, límites que habrían sido claramente desbordados en este caso.
Violaciones constitucionales y delitos penales en la mira
El análisis jurídico de Gallego destaca posibles infracciones a artículos clave de la Constitución Política como el 15, que protege las comunicaciones; el 28, referente al habeas corpus; el 29, sobre el debido proceso; y el 113, que regula las funciones del Estado. En el ámbito penal, se mencionan los artículos 192 por violación ilícita de comunicaciones, 269A y 269F relacionados con inteligencia y contrainteligencia, 340 por acceso abusivo a sistemas informáticos, 397 por abuso de autoridad, 399 por peculado y 416 por concierto para delinquir del Código Penal. Estas conductas, según el abogado, implicarían no solo responsabilidad penal, sino también disciplinaria bajo la Ley 1952 de 2019, fiscal e incluso internacional, extendiéndose a autores materiales, ordenantes y omisores conforme a los artículos 25 y 28 del Código Penal, en lo que podría tratarse de una estructura organizada con mandos, operadores y analistas.
«vulneración grave y directa del orden constitucional y legal, al desbordar los límites que la Constitución y la ley imponen a las actividades de inteligencia y contrainteligencia del Estado»
Christian Gallego, abogado
«se quebrantarían los principios de legalidad, finalidad y razonabilidad que rigen toda actuación administrativa y militar»
Christian Gallego, abogado
La denuncia fue presentada por el propio ministro Idárraga ante las autoridades competentes y amplificada en redes sociales, poniendo en el centro del debate el uso del software Pegasus, desarrollado por la firma israelí NSO Group. Este escándalo no solo cuestiona la integridad de las instituciones, sino que podría redefinir los controles sobre las actividades de inteligencia en Colombia, exigiendo una investigación exhaustiva para esclarecer responsabilidades y restaurar la confianza en el Gobierno.
