En una jugada que sacude el tablero político y judicial de Colombia y Estados Unidos, Daniel Kovalik, abogado estadounidense designado por el presidente Gustavo Petro para litigar en Estados Unidos, anunció que presentará acciones legales ante tribunales del país para impugnar las sanciones impuestas por OFAC tras la inclusión de Petro y de su círculo cercano en la Lista Clinton. Petro, por su parte, evalúa además presentar una demanda por difamación contra el expresidente Donald Trump. El anuncio cuenta con la participación de la primera dama Verónica Alcocer, así como de Nicolás Petro y Armando Benedetti, ministro del Interior, quienes figuran entre los sancionados con restricciones financieras y congelamiento de activos bajo jurisdicción estadounidense.
Según Kovalik, las sanciones deben verse como medidas de carácter político y no basadas en pruebas, y por ello se buscará impugnarlas ante la justicia estadounidense; incluso antes de la designación de OFAC, ya se contemplaba una demanda por difamación contra Trump, y esa posibilidad se mantiene en análisis. En el frente oficial, Scott Bessent, secretario del Tesoro, afirmó que “el presidente Petro ha permitido que los carteles de drogas prosperen y se ha negado a detener esta actividad”, mientras que la propia OFAC subraya su labor de “preservar la integridad del sistema financiero” y mantiene una postura de “cero tolerancia ante la supuesta permisividad con el narcotráfico”. Armando Benedetti, ministro del Interior, aparece citado como la mano derecha del presidente y figura clave del círculo sancionado.
Petro y su abogado anuncian respuestas legales en Estados Unidos frente a la Lista Clinton
La noticia se enmarca en un contexto en el que la inclusión de Petro en la Lista Clinton, administrada por OFAC del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, se presenta como una acción histórica, habitualmente utilizada para sancionar narcotraficantes, grupos terroristas y violadores de derechos humanos. Se espera que la acción legal de Kovalik, apoyada por Petro, se desarrolle ante tribunales estadounidenses, con Florida señalada por el propio abogado como jurisdicción probable para la demanda por difamación contra Trump. Las sanciones implican restricciones financieras y congelamiento de activos que afectan no solo al mandatario sino también a Verónica Alcocer, Nicolás Petro y Armando Benedetti, así como a otras personas mencionadas en las medidas.
«razones puramente políticas» – Daniel Kovalik, abogado
El marco legal y político de la ofensiva subraya que las autoridades estadounidenses buscan defender la integridad del sistema financiero y frenar lo que, según la narrativa oficial, sería una permisividad frente al narcotráfico. En ese escenario, la defensa apunta a presentar argumentos que cuestionan la legitimidad de las sanciones y a plantear que se trata de una acción con motivaciones políticas, lo que abre la posibilidad de nuevas acciones legales en Florida y otros tribunales de Estados Unidos en el futuro cercano.
