El abogado Alejandro Carranza, reconocido por representar los intereses del expresidente Gustavo Petro y de su hijo mayor Nicolás Petro Burgos, afirmó que las acusaciones de malversación de fondos contra el exministro de Hacienda Ricardo Bonilla, basadas en el incremento presupuestal autorizado por el Congreso, carecen de fundamento y constituyen imputaciones infundadas. La defensa de Carranza se apoya en las declaraciones del representante a la Cámara Alfredo Ape Cuello Baute, presidente de la Comisión Tercera, quien sostuvo que el Congreso tiene la facultad exclusiva de aumentar o redistribuir el presupuesto, por lo que dicha acción no puede considerarse malversación.
En el marco de la discusión del Presupuesto General de la Nación 2027, presentado por el Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella por un monto de 634,9 billones de pesos —cifra que supera en 58 billones los 575,6 billones radicados por la administración de Gustavo Petro—, Carranza manifestó que el proceso judicial contra los exministros podría constituir una distracción de la verdadera magnitud del caso de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd). En ese entramado, los exdirectivos Olmedo López y Sneyder Pinilla ya admitieron su participación en el direccionamiento de contratos y desviación de recursos públicos, y el abogado sostiene que la Fiscalía debe concentrar sus investigaciones en los recursos movidos por estos dos implicados antes que en los exfuncionarios del alto Gobierno.
Defensa jurídica y crítica al proceso
Carranza hizo públicos sus argumentos a través de su cuenta en la red social X, donde señaló que “es de suma importancia que se tenga en cuenta, que las acusaciones de malversación de fondos en contra del exministro Ricardo Bonilla, derivadas del incremento presupuestal autorizado por el Congreso, carecen de fundamento”. Además, advirtió que “las declaraciones que han realizado hasta el momento podrían representar únicamente una fracción del total de los fondos involucrados, y el proceso judicial en contra de los exministros podría constituir una distracción de la verdadera magnitud del caso”. El abogado insistió en que la competencia del Congreso para asignar recursos entre distintas carteras es clara en la Constitución, y recordó que el representante Ape Cuello, en entrevista con La FM, afirmó que “este presupuesto por supuesto lo va a elaborar el Congreso”.
“Ministro que no llega consideramos desinterés de esa cartera por la discusión del presupuesto y por supuesto procederemos es a discutirlo y a trabajarlo con quienes vengan y entenderemos que aquellos que no asisten al Congreso no necesitan inversión del presupuesto nacional”.
Alfredo Ape Cuello Baute, representante a la Cámara, presidente de la Comisión Tercera
El presidente de la Comisión Tercera también expresó su malestar por la ausencia inicial de varios ministros a las sesiones preparatorias del presupuesto: “Lo que encontramos hoy es un grupo de congresistas de las comisiones económicas muy molestos con la actitud inicial de los ministros invitados y con la decisión de empezar a trabajar como la Constitución se los ordena”. En contraste, el actual ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, defendió la propuesta del Ejecutivo al afirmar que “hemos presentado al Congreso el presupuesto de la verdad, que corrige los errores e ilegalidades del presupuesto de las mentiras presentado por el Gobierno Petro, que dejó desfinanciada la salud, las pensiones, las universidades, las telecomunicaciones y los subsidios de energía y gas, entre otros”.
El caso de la Ungrd, que ha salpicado a altos funcionarios del anterior Gobierno, sigue generando controversia mientras el Congreso avanza en la discusión del presupuesto para 2027, una iniciativa que ya fue devuelta en revisiones por el Legislativo. Mientras tanto, la defensa de Bonilla insiste en que el incremento presupuestal autorizado por el Congreso no puede ser considerado delito, y que el foco debe estar en los verdaderos responsables del desvío de recursos en la unidad de riesgo. La imagen de un empleado contando billetes en una casa de cambio de Bogotá, tomada por Reuters en julio de 2022, ilustra el ambiente de incertidumbre financiera que rodea estas discusiones.
