En un trágico incidente ocurrido la noche del 26 de noviembre en el parqueadero del casino de oficiales de la Escuela de Infantería, en el Cantón Norte de Bogotá, el capitán Pablo Andrés Masmela Zapata asesinó a balazos a la subteniente María Camila Mora Mahecha, para luego quitarse la vida. Según el abogado de la familia de la víctima, Luis Eduardo Leiva, el crimen se desencadenó durante una discusión dentro de un vehículo en el que también viajaba otra subteniente, y Masmela disparó al menos cinco veces contra Mora. El personal militar presente oyó las detonaciones y notificó de inmediato a la Policía Metropolitana de Bogotá.
La denuncia pública se realizó durante la velación de Mora el 29 de noviembre en el mismo Cantón Norte, donde Leiva señaló fallas críticas en los protocolos de seguridad del Ejército, destacando la presencia de dos armas no oficiales en la habitación de Masmela. El CTI de la Fiscalía halló estas armas, que no formaban parte de la dotación oficial ni contaban con salvoconducto, y el Ejército inició rastreos para determinar su origen y legalidad. Mora había viajado desde Tolemaida para asistir a un concierto, lo que añade un matiz de vulnerabilidad a la oficial dentro de un entorno militar supuestamente seguro.
Reconocimiento de errores y demandas de la familia
El Ejército, a través de su comandante Luis Emilio Cardozo, ha mantenido diálogos constantes con la familia y reconocido posibles errores en los protocolos de seguridad. Sin embargo, Leiva enfatizó la gravedad de las inconsistencias, afirmando que ninguna de las armas involucradas en el hecho era de dotación oficial.
“Está claro (…) que no hay ningún arma de las que haya participado en este hecho que eran de dotación (…) tampoco tenían salvoconducto”
Luis Eduardo Leiva, abogado de la familia
La familia de Mora, pionera como la primera mujer en Colombia en comandar y pilotear una nave no tripulada, exige que no se manche su legado y planea llevar el caso a instancias civiles y contencioso-administrativas contra el Estado colombiano, solicitando indemnizaciones destinadas a crear una condecoración en su honor para mujeres militares.
“La familia ha pedido (…) que no se permita más que se mansigue el nombre de una gran mujer (…) la primera mujer que llegó a comandar una nave, a pilotear una nave no tripulada en Colombia”
Luis Eduardo Leiva, abogado de la familia
“Si usted no está seguro dentro de un estamento armado dentro del Cantón Norte, ¿en dónde lo está?”
Luis Eduardo Leiva, abogado de la familia
Leiva anunció que habrá una responsabilidad por determinar del Estado, con una serie de pruebas que serán trasladadas a las autoridades correspondientes, mientras los recursos obtenidos se usarán para establecer un mérito en nombre de María Camila.
“Habrá una responsabilidad que habrá que determinar de parte del Estado colombiano… hay una serie de pruebas que serán trasladadas”
Luis Eduardo Leiva, abogado de la familia
“Los recursos (…) serán destinados a lograr que se establezca una mención, un mérito, una condecoración a la mujer militar en Colombia que llevaría el nombre de María Camila”
Luis Eduardo Leiva, abogado de la familia
Este caso pone en entredicho la seguridad interna de las instalaciones militares y resalta la necesidad de revisar los controles sobre armas personales, en un contexto donde el Ejército ha admitido fallas en sus procedimientos.
