El abogado Carlos Andrés Betancourth radicó recientemente ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca una acción popular contra la Cancillería, el Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores, la Imprenta Nacional y la Casa da Moeda de Portugal, conocida como INCM, con el objetivo de suspender los convenios de cooperación 006 de 2024 y 007 de 2025, así como el acuerdo derivado con la entidad portuguesa. Esta demanda busca la terminación anticipada de estos contratos y una orden para que se realice una licitación pública, argumentando graves inconsistencias contractuales, la posible configuración de un monopolio y violaciones a la libre competencia. El expediente, conocido por Infobae Colombia, consta de más de un centenar de páginas de anexos y fundamentos detallados.
Los convenios cuestionados incluyen el 006 de 2024, vigente hasta el 31 de diciembre de 2026 y prorrogable, y el 007 de 2025, que se extiende hasta el 31 de diciembre de 2034 con prórrogas automáticas e indefinidas. Betancourth alega falta de aval fiscal, ausencia de soporte técnico adecuado, desconocimiento de las normas de contratación pública, afectación a la moralidad administrativa, a la libre competencia y al patrimonio público. Estos contratos se suman a más de 160.000 millones de pesos adjudicados mediante urgencias manifiestas repetidas entre 2023 y 2025, en un contexto de antecedentes como la licitación pública LP-001 de 2023, declarada desierta por el canciller Álvaro Leyva, quien fue suspendido por la Procuraduría.
Una nueva controversia en la producción de pasaportes
Esta acción popular representa un nuevo capítulo en la polémica por el modelo de producción de pasaportes en Colombia, donde los convenios interadministrativos entre la Cancillería e Imprenta Nacional comparten el mismo objeto y periodos simultáneos, con uno de ellos sin valor definido inicialmente. La Imprenta Nacional, que carecía de experiencia previa en la fabricación de documentos de seguridad hasta el Convenio 001 de 2025 que establece su capacidad técnica, podría consolidar un monopolio por más de una década, excluyendo al sector privado colombiano de procesos competitivos. Por su parte, la INCM es una sociedad anónima con capital público en Portugal, regida por derecho privado según el Decreto-Ley 235 de 2015 y sometida a la legislación europea de competencia.
“Se están saltando la moralidad administrativa porque, por medio de falsas motivaciones, están pretendiendo contratar como ellos quieren”
Carlos Andrés Betancourth, abogado demandante
“el único acuerdo vigente es el convenio de cooperación No. 006 de 2024”
Imprenta Nacional, en comunicación a la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes, septiembre 2024
El impacto de esta demanda podría alterar el esquema actual de contratación para la emisión de pasaportes, obligando a un proceso transparente y competitivo que beneficie el patrimonio público y evite exclusiones injustificadas del sector privado, en medio de un historial de contrataciones temporales y adiciones por supuestas urgencias que han generado cuestionamientos persistentes.
