Los apoderados de Olmedo López, exdirector de la Ungrd, y Sneyder Pinilla, exsubdirector de Manejo de Desastres, presentaron este miércoles 7 de octubre de 2026 una solicitud urgente ante el Juzgado 35 Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Bogotá para frenar el traslado de sus representados desde el Centro de Reclusión Militar Caldas, ubicado en el Batallón de Artillería N.° 13 de la capital, hacia la cárcel La Picota. La medida había sido ordenada por el Inpec el martes 6 de octubre, bajo la firma de su director, coronel Daniel Gutiérrez, y fundamentada en la Ley 65 de 1993, que faculta a la institución para reubicar internos por razones de seguridad.
Las defensas, encabezadas por el abogado Luis Gustavo Moreno, defensor de Pinilla, y José Luis Moreno, defensor de López, argumentan que el traslado desconoce una orden judicial vigente desde septiembre de 2024. En ese momento, un juez de control de garantías acogió una solicitud de la fiscal novena delegada ante la Corte Suprema y ordenó la permanencia de los dos exfuncionarios en una guarnición militar, decisión que los abogados consideran plenamente aplicable. El recurso judicial de urgencia presentado advierte que la resolución del Inpec ignora la boleta de detención que estaba dirigida expresamente al Centro de Reclusión Militar Caldas, lo que a su juicio vulnera el debido proceso y la seguridad de los internos.
Riesgos para testigos colaboradores
López y Pinilla son figuras centrales en el entramado de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), relacionado con los carrotanques de agua destinados a Córdoba y La Guajira. Ambos han colaborado activamente con la Fiscalía y la Corte Suprema en el esclarecimiento de estos hechos, lo que ha llevado a sus defensas a alertar sobre el peligro que representa un traslado a un centro penitenciario ordinario. La Fiscalía ya había advertido, en ocasiones previas, sobre los riesgos que enfrentan los testigos colaboradores en este tipo de casos. Los abogados insisten en que llevar a sus clientes a La Picota compromete su integridad física, dado que las declaraciones entregadas los exponen a represalias dentro del sistema penitenciario.
Durante la presentación del recurso, Luis Gustavo Moreno enfatizó que las decisiones de los jueces de la República deben ser respetadas y cumplidas
, en alusión directa a la orden judicial de septiembre de 2024 que mantiene a los procesados en la guarnición militar. Por su parte, José Luis Moreno fue contundente al señalar que mientras la orden judicial no sea modificada por el juez competente, se debe proteger al señor Olmedo López en el centro de reclusión
donde actualmente se encuentra.
«Las decisiones de los jueces de la República deben ser respetadas y cumplidas»
Luis Gustavo Moreno, abogado de Sneyder Pinilla
Traslado con medidas extremas
El Inpec, en la resolución del 6 de octubre, ordenó que el traslado se realizara con rigurosas, máximas y extremas medidas de seguridad
, una disposición que las defensas consideran innecesaria y que, por el contrario, evidencia que la propia institución reconoce el alto riesgo que implica mover a los internos. La decisión quedó inicialmente en manos del Juzgado 35 de Control de Garantías de Bogotá, que deberá resolver si suspende el traslado o permite que se ejecute. Mientras tanto, tanto López como Pinilla continúan recluidos en el Centro de Reclusión Militar Caldas, a la espera de un pronunciamiento judicial que defina su futuro inmediato. El caso sigue generando tensiones entre los poderes del Estado, en medio de una investigación que ha revelado uno de los mayores escándalos de corrupción de la Ungrd en los últimos años.
