En un tenso intercambio de mensajes en la plataforma X, el abogado del presidente Gustavo Petro, Alejandro Carranza, y Víctor Mosquera, representante legal de la familia del senador Miguel Uribe Turbay, protagonizaron un cruce de críticas tras el cierre de las medidas cautelares solicitadas por este último ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) el 27 de enero de 2026. Este episodio se enmarca en el atentado mortal contra Uribe Turbay ocurrido el 7 de junio de 2025, donde la familia había pedido protección internacional alegando riesgos derivados del caso.
El pulso digital surgió como reacción directa al fallo de la CIDH, que archivó las medidas cautelares después de que el Estado colombiano demostrara el avance de investigaciones serias e independientes por parte de la Fiscalía General de la Nación, junto con la adopción de protocolos de seguridad para la familia de la víctima. Carranza celebró la decisión como el fin de una «narrativa polarizante» que había salpicado a Petro y al director de la Unidad Nacional de Protección, Augusto Rodríguez, mientras Mosquera defendió la solidez de las indagaciones internas pero advirtió sobre posibles desviaciones por presiones políticas.
Duro enfrentamiento verbal en X
El intercambio escaló rápidamente con publicaciones y respuestas directas. Carranza inició cuestionando la estrategia de la familia Uribe Turbay y abogando por un enfoque en la responsabilidad penal y disciplinaria de quienes, según él, acusaron injustamente al presidente y a Rodríguez por el ataque. Mosquera replicó con vehemencia, tildando de «miserable» y «asolapado» a su interlocutor, y enfatizando que el cierre se debió a las pruebas aportadas por Colombia, las cuales su representación había reconocido expresamente.
«La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha cerrado el caso y ha negado las medidas cautelares solicitadas por el abogado Víctor Mosquera. Esta decisión internacional marca el fin de una narrativa polarizante que se había presentado ante la Comisión de acusaciones, y la Fiscalía y los medios de comunicación. Con el cierre del caso por parte de la Cidh, se abre un nuevo capítulo en la investigación. Ahora se enfocará en determinar la presunta responsabilidad penal y disciplinaria de quienes injustamente acusaron al presidente Gustavo Petro y al director de la Unidad Nacional de Protección, Ing. Augusto Rodríguez, por el ataque mortal al senador.»
Alejandro Carranza, abogado de Gustavo Petro
«No sea miserable y tenga el valor de etiquetarme cuando pretenda formular ese tipo de afirmaciones malintencionadas. Asolapado. Las medidas cautelares fueron cerradas por la Cidh luego de que el Estado colombiano demostrara la existencia de investigaciones serias, independientes y adecuadas por parte de la Fiscalía, hecho que hemos reconocido expresamente desde la propia representación de las víctimas igual seguimos atentos a que no tengan desviaciones por presiones políticas.»
Víctor Mosquera, abogado de la familia de Miguel Uribe Turbay
Carranza respondió pidiendo mantener el debate en el terreno de la decencia y el derecho, aclarando que sí había etiquetado a Mosquera en su publicación original, y remató con un llamado a no instrumentalizar la tragedia del asesinato para fines políticos o polarizantes. Aunque la CIDH levantó las medidas específicas, mantiene un monitoreo sobre la situación estructural de derechos humanos en Colombia relacionada con el caso, mientras los procesos penales y disciplinarios internos prosiguen sin interrupciones, dejando abierta la puerta a futuras accountability por las acusaciones cruzadas.
«Doctor Víctor Mosquera, con todo respeto: le pido que mantengamos este intercambio en el terreno de la decencia y el derecho, sin descalificaciones personales. Y una precisión fáctica, para que no se construyan caricaturas: sí lo etiqueté.»
Alejandro Carranza, abogado de Gustavo Petro
«No se debe usar la tragedia del asesinato para polarizar o hacer politiquería.»
Alejandro Carranza, abogado de Gustavo Petro
Este roce en redes sociales pone de manifiesto las profundas divisiones políticas alrededor del magnicidio de Uribe Turbay, con Carranza insistiendo en que el cierre de la CIDH no valida responsabilidad estatal ni reabre casos cerrados, en contraste con la vigilancia continua de Mosquera sobre la imparcialidad de las pesquisas fiscales.
