Abogados defensores de varios procesados en investigaciones de la Fiscalía han puesto en tela de juicio la prórroga del principio de oportunidad concedida a Manuel Antonio Castañeda Bernal, alias Narcochofer, quien colabora con la justicia en cinco líneas de investigación. Los juristas Holman Devia, representante de Omar Hernández, y Sergio Clavijo, defensor de Wilson Devia, cuestionan que el beneficio se haya extendido pese a que, según ellos, el colaborador mantiene contactos y actividades que podrían constituir nuevos delitos. La decisión judicial, adoptada por un juez de control de garantías sin nombre revelado, permite que Castañeda continúe aportando información en casos como la fuga de alias Matamba de la cárcel La Picota, el presunto uso de vehículos de la Unidad Nacional de Protección para el narcotráfico y otros hechos ligados a esquemas de seguridad.
Manuel Antonio Castañeda Bernal fue capturado el 10 de diciembre de 2022 en el Cauca cuando transportaba 168 kilos de cocaína en una camioneta de la UNP, según reportes de la Fiscalía. Desde entonces, enfrentaba procesos por tráfico de estupefacientes, cohecho por dar u ofrecer y uso de documento falso, pero su proceso penal quedó suspendido bajo el principio de oportunidad, condicionado a su colaboración. Ahora, la controversia se ha avivado tras conocerse que el 18 de julio de 2025 sostuvo una reunión en la Dirección Nacional de Inteligencia en la que mencionó a alias Falcón, alias Fortuna y bienes de la Sociedad de Activos Especiales, y que en una declaración rendida en junio de 2026, en plena campaña presidencial, se refirió a la candidata Paloma Valencia.
Las críticas de las defensas
El abogado Holman Devia no ocultó su indignación. En declaraciones a la prensa, lanzó una pregunta directa: “¿A Manuel Castañeda le otorgaron un principio de oportunidad o una licencia para delinquir?”. El jurista sostiene que el beneficiado ha tenido encuentros con personas vinculadas al narcotráfico sin que se aclare la legalidad de esos contactos. “Una cosa es colaborar con la justicia y otra muy distinta es mantener contactos cuya finalidad y legalidad no han sido suficientemente esclarecidas”, afirmó Devia, quien además pidió que autoridades de Estados Unidos examinen la información sobre presuntos contactos internacionales de Castañeda. “¿Por qué después de conocerse estos hechos se prorrogó su principio de oportunidad?”, se preguntó.
Por su parte, el defensor Sergio Clavijo fue igualmente crítico: “Si esta persona sigue delinquiendo, no entendemos cómo la Fiscalía prorroga”. Clavijo representa a Wilson Devia, uno de los procesados cuyas defensas consideran que la utilidad de la colaboración de alias Narcochofer es dudosa, sobre todo porque, según las grabaciones reveladas, el colaborador habría mantenido reuniones no autorizadas con presuntos integrantes de organizaciones criminales, como los Comandos de Frontera, donde figuran alias Araña, alias El Mono y alias JJ.
«¿A Manuel Castañeda le otorgaron un principio de oportunidad o una licencia para delinquir?»
Holman Devia, abogado
Declaraciones políticas sin verificar
Uno de los puntos más polémicos de la colaboración de Castañeda fue su declaración en junio de 2026, cuando aseguró que “la organización participa en política y tienen aliados políticos, los cuales los benefician tanto económica como políticamente”. En ese mismo interrogatorio, mencionó directamente a la entonces candidata presidencial Paloma Valencia al afirmar que “alias JJ está apoyando la campaña política de la actual candidata presidencial, Paloma Valencia”. Sin embargo, las defensas sostienen que esas afirmaciones no han sido verificadas de manera independiente por la Fiscalía y que se produjeron en un contexto electoral, lo que siembra dudas sobre su imparcialidad.
Las cinco líneas de investigación en las que alias Narcochofer colabora abarcan, ademas de la fuga de alias Matamba y el uso de vehículos de la UNP para transporte de drogas, hechos ligados a esquemas de seguridad. Uno de esos procesos se dirige contra Ronald Rodríguez Rozo, ex subdirector de la UNP. La prórroga del principio de oportunidad, que según la Fiscalía se justifica por la continuidad de la colaboración, ha generado un fuerte debate entre los operadores judiciales, pues las defensas exigen que se revisen las condiciones del beneficio y se expliquen las reuniones, contactos y actividades del colaborador. El caso sigue en el centro de la atención pública, mientras los abogados advierten que la confianza en el sistema judicial podría verse afectada si no se aclaran estas irregularidades.
