Desde La Veintitrés Manizales informamos que, en una sentencia de primera instancia emitida en el Juzgado 124 Penal Municipal con Función de Conocimiento de Bogotá, Guillermo Andrés Rodríguez Martínez, conocido abogado penalista, fue absuelto de la acusación por violencia intrafamiliar agravada. La resolución, fechada el 26 de junio de 2025, argumentó que no se aportaron pruebas directas que sustentaran el cargo, aunque persisten denuncias de ocho mujeres por presuntos abusos y un historial de procesos que continúa en curso. Este fallo llega en un contexto de tensiones entre la defensa de una figura pública y la experiencia de víctimas señalando irregularidades en la actuación judicial.
El caso tiene un recorrido que se remonta a la llegada de Rodríguez a Colombia en 2016 y a denuncias públicas iniciadas en 2021, con un reportaje inicial publicado el 29 de agosto de 2021. Hasta ahora existen dos denuncias penales en curso y una tercera que no ha logrado su primera audiencia por cambios de fiscal. En la Rama Judicial se identificaron trece procesos entre junio de 2013 y julio de 2021, y la Comisión Seccional de Disciplina Judicial le impuso una sanción disciplinaria de dos meses por presunta falta a los deberes profesionales. Cuestión Pública y Volcánicas ampliaron la investigación sobre testimonios adicionales, y esa cobertura ha destacado la imagen de Rodríguez como abogado penalista con presencia pública y representación de figuras políticas.
La absolución en medio de denuncias persistentes y antecedentes disciplinarios
La resolución penal contrastó con un historial cargado de demandas y cuestionamientos sobre la protección a las víctimas y la custodia de una menor. Serias dudas se mantienen respecto a si las vías judiciales han logrado salvaguardar los derechos de las denunciantes y el interés de las partes más vulnerables, en un marco que ha generado miedo entre las víctimas y ha repercutido en la percepción pública sobre la eficacia de los procesos. Las investigaciones señalan que, además de la sentencia absolutoria, existen múltiples procedimientos en curso y denuncias que no han avanzado al ritmo que se esperaría.
«me importa un culo, la quemo. No mande ni mierda porque lo que llegue lo quemo, ¿me entiende?, puta maldita» – Guillermo Rodríguez, abogado penalista
«a ver hijueputa, ¿no que muy berraca?, póngame aquí a ver quién se enfrenta conmigo hijueputa» – Guillermo Rodríguez, abogado penalista
«mientras está el proceso, yo ya tengo un año sin visita de mi niña, ¿quién me va a reponer ese tiempo?» – Stephanie Muñoz
«él siempre utiliza una arma que es abogado de Uribe» – Una de las víctimas
«un depredador sexual, es un hombre violento, un hombre agresivo, es un hombre que tiene acceso a las armas» – Las víctimas
En síntesis, este fallo absolutorio se produce mientras persisten denuncias y antecedentes que alimentan el debate sobre la protección de las víctimas, posibles influencias y la eficacia de los mecanismos judiciales para garantizar derechos y seguridad, especialmente en casos que involucran figuras de alto perfil público. El hecho objetivo es la resolución en la primera instancia, pero la crónica de fondo apunta a un sistema en el que las denuncias y las disputas disciplinarias siguen generando incertidumbre entre las personas afectadas y la sociedad.
