El Juzgado 124 Penal Municipal con Función de Conocimiento de Bogotá absolvió en primera instancia al abogado penalista Guillermo Andrés Rodríguez Martínez de los cargos por violencia intrafamiliar agravada, en una sentencia emitida el 26 de junio de 2025. La decisión se basó en la falta de prueba directa sobre la materialidad del delito y la responsabilidad del acusado, aplicando el principio de presunción de inocencia ante la ausencia de elementos contundentes presentados por la Fiscalía.
Este fallo llega en medio de un contexto marcado por múltiples denuncias públicas contra Rodríguez Martínez, quien ha enfrentado 13 procesos judiciales radicados entre junio de 2013 y julio de 2021. Investigaciones como la de Cuestión Pública Feminista y Volcánicas recopilaron testimonios de cinco mujeres que relatan presuntas violencias en los últimos diez años, incluyendo amenazas de muerte, intimidación con armas, y agresiones sexuales, físicas y emocionales. Estas acusaciones cobraron visibilidad gracias a publicaciones iniciales del youtuber Beto Coral, un reportaje de Noticias Uno sobre Stephanie Muñoz, y diversas denuncias en redes sociales y medios de comunicación. Además, se conoció una sanción previa de cinco meses impuesta al abogado, mientras que las víctimas han reportado amenazas continuas y el archivo de algunos procesos.
Atribución política y nuevo incidente
Rodríguez Martínez ha atribuido estas denuncias a un supuesto ataque político motivado por sus trabajos profesionales para figuras como Álvaro Uribe, Aída Merlano y Alejandra Azcárate. Pruebas documentadas en los casos incluyen testimonios, grabaciones de llamadas, chats y denuncias formales. Recientemente, el 30 de abril se dio a conocer un nuevo incidente ocurrido el 27 de abril, involucrando a una mujer anónima que denunció en Canal Uno episodios de gritos, un choque de autos y una amenaza previa de provocar un accidente.
«Justicia para las Víctimas»
Ana María Vélez, periodista
La absolución, conocida este jueves, reaviva el debate sobre la presunción de inocencia frente a denuncias seriales de violencia de género, en un caso que sigue generando controversia en Bogotá y que pone en el centro las tensiones entre el derecho penal y las voces de las presuntas víctimas.
