La Academia Colombiana de Jurisprudencia, liderada por su presidenta Lucy Cruz de Quiñones junto a los vicepresidentes Rodrigo Puyo Vasco y Sandra Morelli Rico, y la secretaria Claudia Dangond Gibsone, rechazó enfáticamente la ruptura entre el Gobierno Nacional y el Banco de la República ocurrida tras el retiro del ministro de Hacienda, Germán Ávila, de la sesión de la Junta Directiva del pasado martes 31 de marzo de 2026. En un comunicado emitido el sábado 3 de abril, la Academia advirtió sobre un grave deterioro institucional y respaldó la decisión mayoritaria de la Junta de aumentar la tasa de interés de referencia en 100 puntos básicos, propuesta por cuatro de sus miembros, durante el debate realizado en la sede del Banco de la República en Colombia.
El retiro del ministro Ávila se produjo en medio de un desacuerdo con el ajuste monetario, argumentando que no contribuye a controlar la inflación y, por el contrario, incrementa el costo de vida. Esta acción generó pronunciamientos públicos tanto de la Academia mediante su comunicado como de los decanos de facultades de Economía de prestigiosas universidades colombianas, incluyendo a Hernando Zuleta González de la Universidad de los Andes, César E. Tamayo Tobón de la Universidad Eafit, Luz Karime Abadía Alvarado de la Pontificia Universidad Javeriana, Andrés García Suaza de la Universidad del Rosario, Juan Pablo Herrera Saavedra de la Universidad Externado, Enrique Ramírez Robledo de la Universidad Icesi y Andrea Catalina Martínez Lozada de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, quienes emitieron una carta colectiva.
Advertencia sobre el deterioro institucional
La Academia Colombiana de Jurisprudencia enfatizó que la Constitución Política de 1991 establece la autonomía e independencia técnica y patrimonial del Banco de la República para regular la moneda y preservar el poder adquisitivo, recordando episodios históricos como la inflación superior al 30 por ciento en la década de 1990, contrastada con la actual un dígito. Además, llamó a reconsiderar las decisiones del Presidente de la Junta que le impiden presidirla y a recomponer el clima de entendimiento entre los órganos del Estado, conforme al Capítulo VI del Título XII de la Constitución, que exige respetar la independencia del Banco como garante de la estabilidad monetaria y preservar un adecuado régimen de coordinación.
“Estos mandatos superiores imponen a todos los funcionarios públicos y ciudadanos, el deber de respetar la autonomía e independencia del Banco, así como de reconocer su papel como garante de la estabilidad monetaria. Asimismo, exigen la preservación de un adecuado régimen de coordinación entre los órganos del Estado, conforme a lo dispuesto en el Capítulo VI del Título XII de la Constitución Política, relativo al régimen económico y de la hacienda pública”
Academia Colombiana de Jurisprudencia
Por su parte, los decanos de Economía destacaron que las declaraciones del ministro al retirarse amenazan la institucionalidad monetaria, cambiaria y crediticia que ha servido bien a Colombia, subrayando que el desacuerdo forma parte natural del proceso deliberativo en una Junta compuesta por miembros nombrados por distintos gobiernos para incorporar perspectivas diversas, donde el ministro tiene voz y voto para la coordinación macroeconómica. Advirtieron que su ausencia en la próxima reunión, en un contexto de política fiscal restrictiva, resulta particularmente preocupante, ya que podría afectar las funciones constitucionales y la estabilidad monetaria para la ciudadanía.
“Las declaraciones que entregó el ministro al retirarse de la junta amenazan la institucionalidad monetaria, cambiaria y crediticia que tan bien ha servido a Colombia”
Decanos de facultades de Economía
“el ajuste no contribuye a controlar la inflación y, por el contrario, incrementa el costo de vida”
Germán Ávila, Ministro de Hacienda
Este episodio pone en jaque la delicada balanza entre el Ejecutivo y el Banco Central, con posibles repercusiones en la confianza inversionista y la gestión económica del país, en un momento en que la preservación de la autonomía institucional se erige como pilar fundamental para el bienestar colectivo.
