La Asociación Colombiana de Comercializadores de Energía (Acce) rechazó de manera contundente el proyecto de resolución presentado por el Ministerio de Minas y Energía, que busca imponer un cobro adicional de ocho pesos por kilovatio-hora a todos los usuarios del Sistema Interconectado Nacional (SIN) en Colombia, con el fin de cubrir las deudas acumuladas por empresas intervenidas por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (Sspd), como Air-e. Esta medida, que sería recaudada por el Administrador del Sistema de Intercambios Comerciales (Asic) como un componente complementario en las restricciones del sistema de manera temporal, ha sido calificada por los comercializadores como abiertamente inconstitucional, y el proyecto se encuentra disponible para comentarios hasta el 22 de enero de 2026.
El rechazo de la Acce se fundamenta en que esta propuesta traslada directamente las obligaciones financieras de las empresas intervenidas a los usuarios finales, sin distinción de estrato socioeconómico, tipo de consumo o nivel de demanda, afectando por igual a hogares y empresas en todo el país. La iniciativa forma parte del plan del Gobierno Petro para la “democratización” de la deuda eléctrica, pero genera preocupación por su impacto generalizado en el bolsillo de los colombianos y por supuestamente contravenir el artículo 94 de la Ley 142 de 1994, que regula la recuperación patrimonial en el sector.
Objeciones constitucionales y violación de principios sectoriales
Los comercializadores argumentan que el cobro tiene un carácter tributario, por lo que solo podría ser aprobado por el Congreso de la República, y que viola los principios de equidad y solidaridad establecidos en la Ley 142. Además, destacan que esta fórmula ignora las fallas estructurales del sistema, donde “cuando el diseño falla, paga la demanda”, dejando a los usuarios como responsables últimos de las deudas generadas por la gestión deficiente de entidades como Air-e, intervenida por la Sspd para mitigar riesgos sistémicos en el sector regulado por la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg).
“Es inconstitucional”
Asociación Colombiana de Comercializadores de Energía (Acce)
“Abiertamente inconstitucional”
Asociación Colombiana de Comercializadores de Energía (Acce)
Como alternativas viables, la Acce propone una reestructuración de la deuda de las empresas afectadas, la creación de un fondo sectorial financiado por el Gobierno Nacional, la atracción de inversión privada, la optimización de las operaciones en el mercado eléctrico y la implementación de subsidios focalizados que no penalicen a la totalidad de los usuarios. Estas sugerencias buscan soluciones sostenibles sin sobrecargar el SIN, que abastece a la mayoría del territorio colombiano.
El debate alrededor de este proyecto resalta las tensiones en el sector energético nacional, donde las deudas acumuladas amenazan la estabilidad del sistema, pero las medidas propuestas generan resistencia por su inequidad. Mientras el plazo para comentarios permanece abierto, el sector espera que las autoridades reconsideren el enfoque para evitar un impacto desproporcionado en la economía de los hogares y las industrias.
