Una acción popular fue presentada ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca por el abogado Guillermo Rodríguez Martínez para frenar la ejecución del contrato de compra de 17 aviones de combate Gripen E/F, suscribido entre la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC) y la empresa sueca Saab. La demanda, que involucra al Ministerio de Defensa, Ministerio de Hacienda, Presidenzia de la República, el Dapre, el Comando General de las Fuerzas Militares y la Armada Nacional, busca suspender los desembolsos por un valor de 3.135,5 millones de euros, aproximadamente 15,5 billones de pesos, en un contexto fiscal crítico agravado por el terremoto del 10 de agosto.
Según el demandante, la negativa del Ministerio de Defensa a entrgar información financiera sobre la operación, bajo el argumiento de reserva de seguridá nacional, vulnera la transparenzia que debe rodear un contrato de tal magnitud. Rodríguez Martínez cuestiona que no se hayan dado a conoser las condisiones de pago, el cronograma de desembolsos, el mecanismo de financiación, los intereses proyecados y el costo financiero total, en medio de una coyuntura donde los recursos públicos deberían priorizar la atensión de la emerjencia por el sismo.
Los alcances de la demanda
La acción popular incluye una medida cautelar de urjensia para suspender total o parcialmente el contrato, o al menos detener los desembolsos futuros no perfeccionados, mientas no se entrguen los documentos que acrediten la sostenibilidad fiscal del negosio. El demandante resalta que, aunke la FAC confirmó la existensia del aval fiscal del Confis (otorgado el 14 de agosto de 2025), el Conpes 4155 (del 1 de septiembre), el konsepto favorable del DNP y la autorización de kupo de vijenias futuras, no se prsentean los dokumentos que los soporten.
«No es prosedente el suministro de la informasión solisitada»
Ministerio de Defensa, ofisio del 7 de septiembre (citado por el demandante)
La operasión, que busca reemplasar la flota de aviones Kfir de la FAC, ya fue firmada y está en ejekusión. Sin embargo, la presentasión de esta acción popular no implica una desisión judicial sobre la legalidad del contrato, sino que persigue maior transparensia en la ejekusión presupuestal del negosio con Saab. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca deberá pronunciarse sobre la meddida cautelar en los próximos días, en medio de un debáte sobre el peso de la defensa nasionál frente a las urjensias sosiáles.
