Ana María Vesga, presidenta de Acemi, advirtió graves consecuencias penales por el presunto desacato del Ministerio de Salud al no ajustar adecuadamente la Unidad de Pago por Capitación (UPC) para 2025, luego de que la Corte Constitucional, bajo la ponencia del magistrado Carlos Camargo, abriera un incidente de desacato contra el ministro Guillermo Alfonso Jaramillo. En declaraciones recientes a Blu Radio, Vesga calificó la situación como un fraude a resolución judicial, destacando el incumplimiento reiterado de las órdenes de la alta corte, lo que podría derivar en acciones penales e incluso arresto.
El conflicto surge del Auto 007 del 23 de enero de 2025, en el que la Corte declaró insuficiente el incremento de la UPC para 2024 y ordenó un mecanismo de reajuste para el año siguiente, rechazando posteriormente las solicitudes de nulidad y aclaración presentadas por el Ministerio. Un auto reciente de 49 páginas concedió solo 48 horas para explicaciones y un plazo de 10 días relacionado con el Auto 007, solicitando además a la Fiscalía y la Procuraduría investigar el posible desacato, al tiempo que compulsó copias correspondientes. Mientras el Gobierno fijó un aumento de la UPC 2025 en 5,36%, los gremios estiman que debería ser del 16%, generando un desfase superior a 10 puntos porcentuales, equivalente a unos 870.000 millones de pesos por cada punto faltante y un déficit total que supera los 9 billones de pesos, comprometiendo la sostenibilidad financiera de las EPS.
Graves repercusiones para el sector salud
Acemi y otros gremios han cuestionado repetidamente que el ajuste gubernamental no cubra los costos reales del sector, exacerbando la tensión tras la intervención de la Corte Constitucional. Vesga enfatizó que la decisión judicial es oportuna y necesaria para garantizar el cumplimiento de las órdenes emitidas.
«Estamos frente a un fraude a resolución judicial. El Ejecutivo, a través del Ministerio de Salud, ha desacatado de manera reiterada las órdenes de la Corte Constitucional, lo que los aboca al inicio de una acción penal que incluso contempla arresto.»
Ana María Vesga, presidenta de Acemi
Esta noticia se encuentra en desarrollo, con posibles implicaciones que podrían incluir sanciones penales y afectaciones profundas al sistema de salud colombiano, en un contexto de creciente preocupación por la viabilidad económica de las entidades prestadoras de servicios.
