Los gremios de las Empresas Promotoras de Salud (EPS), liderados por la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral (Acemi), alertaron sobre los efectos negativos que generará el decreto 0182 de 2026, expedido por el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, el cual establece la redistribución de la población afiliada entre entidades bajo criterios territoriales y un porcentaje mínimo de afiliados. Esta medida implica que las EPS solo podrán operar en aquellos territorios donde cumplan con el requisito mínimo de afiliados, lo que conlleva el retiro de las EPS de municipios donde no lo alcancen, con la asignación de esos usuarios a entidades con mayor presencia, generando una concentración significativa en Nueva EPS. El decreto, emitido en 2026, reproduce la finalidad de la norma anterior 0885 de 2025, suspendida por el Consejo de Estado en octubre de ese año, y se aplica en todos los territorios nacionales de Colombia.
Según las proyecciones, Nueva EPS recibiría 2,6 millones de nuevos afiliados, lo que representa un incremento del 22,6%, mientras que las ocho EPS bajo medida de intervención, que atienden a más de 24 millones de afiliados, enfrentan incrementos cercanos al 40% en otras entidades intervenidas. Por su parte, las EPS asociadas a Acemi perderían más de 800.000 afiliados, en un contexto donde Nueva EPS no presenta estados financieros desde 2023, lo que agrava la fragilidad financiera de estas operadoras y pone en riesgo la continuidad y oportunidad en la atención de servicios de salud.
Riesgos para la continuidad de la atención y posibles traslados forzados
Acemi cuestiona esta reforma estructural impulsada por decreto, considerándola un posible desacato judicial al reproducir el espíritu de la norma suspendida, y advierte sobre los elevados riesgos para los pacientes, especialmente aquellos trasladados de EPS donde reciben atención actual a entidades con serias dificultades operativas y financieras. Esta fragmentación del aseguramiento, marcada por la heterogeneidad de sus operadores, impide un balance operativo adecuado entre las EPS que ceden población y las que la reciben.
“La fragmentación actual del aseguramiento y la heterogeneidad de sus operadores: 8 EPS bajo medida de intervención con más de 24 millones de afiliados, con críticos resultados financieros y alto grado de insatisfacción por sus usuarios, impide que la redistribución de afiliados se de en condiciones de balance operativo entre entidades que ceden población y entidades que reciben población. Esto tiene grave afectación para millones de usuarios que podrán ser trasladados de EPS donde son atendidos en la actualidad, a EPS que tienen serias dificultades, como es el caso de la Nueva EPS”
Acemi, en comunicado
Estos riesgos se acentúan en poblaciones vulnerables, como los más de 116.000 afectados por enfermedades huérfanas en Colombia, de los cuales el 64% son mujeres y más de 34.000 niños, con 2.273 tipos registrados a enero de 2026; el 71% percibe un deterioro en la atención desde 2024, concentrados principalmente en Antioquia, Valle del Cauca, Bogotá y Cundinamarca. Además, el 87% de estos pacientes ha recurrido a la vía judicial, con un 62% interponiendo tutelas, aunque solo el 21% ha obtenido soluciones efectivas, lo que ilustra las posibles consecuencias adversas de los traslados forzosos en un sistema ya tensionado.
