La Asociación Colombiana de Defensores de Familia (Acodefam) lanzó una alerta sobre la suspensión de la renovación de contratos de profesionales de apoyo en las Defensorías de Familia, una medida que, según advirtió el gremio, podría comprometer gravemente la atención y protección de los menores de edad en Colombia. La suspensión, vigente hasta el 31 de agosto de 2026, afecta a personal de áreas psicosociales, abogados y técnicos que participan en la verificación de derechos y en los procesos de restablecimiento de derechos de niños, niñas y adolescentes. Acodefam envió una comunicación a la entidad correspondiente para solicitar que se reconsidere la decisión, subrayando que la revisión contractual no debe interrumpir los equipos operativos de las Defensorías.
La organización explicó que estos profesionales son parte fundamental del engranaje que permite valorar casos, sustanciar expedientes y acompañar las decisiones que toman los defensores de familia. Sin su respaldo, la capacidad de respuesta disminuiría, se retrasarían procesos con términos legales definidos y se pondría en riesgo la atención de casos sensibles de menores en condición de vulnerabilidad. Un ejemplo concreto de esta situación se presenta en el Centro Zonal Rafael Uribe, en Bogotá, donde una psicóloga, un técnico y un abogado —que además apoya a otro despacho— están vinculados mediante contrato, lo que evidencia la presión que una suspensión genera en más de una dependencia.
Riesgo de saturación en las Defensorías
Acodefam advirtió que una situación similar podría repetirse en decenas de despachos en todo el país. Sin el apoyo de los equipos interdisciplinarios, podrían acumularse valoraciones pendientes, trámites jurídicos, informes técnicos y decisiones necesarias para garantizar los derechos de la infancia. Los procedimientos de verificación y restablecimiento de derechos deben cumplirse dentro de términos establecidos por la ley, por lo que la suspensión de estos contratos pondría en jaque el cumplimiento de esos plazos. La asociación solicitó evitar que la revisión administrativa deje sin apoyo a las Defensorías mientras se define la renovación de los contratos, instando a las autoridades a buscar una solución que no sacrifique la protección de los menores.
