La Asociación Colombiana de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (Acopi), que preside María Elena Ospina, respaldó el propósito del Gobierno de estabilizar las finanzas públicas, pero condicionó su apoyo al proyecto de ley de rescate fiscal a que se modifiquen los cambios en los aportes al Sena, al Icbf y al sistema de salud, que podrían elevar hasta un 13,5% los costos laborales de las empresas y frenar la contratación formal de personal técnico y profesional en las mipymes. Mediante un comunicado, el gremio advirtió que el ajuste previsto afecta a los trabajadores que devenguen más de tres salarios mínimos y que esa carga adicional recae sobre compañías con márgenes estrechos, justo en el segmento que el propio Gobierno identifica como motor de empleo y formalización.
El pronunciamiento llega en momentos en que la administración del presidente Abelardo de la Espriella y el ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, impulsan la denominada ley de rescate fiscal, un paquete que incluye disposiciones de austeridad estatal, alivios frente a la Dian y la promoción de compras nacionales en los grandes proyectos de infraestructura. Acopi no se opone de entrada a ese propósito, pero exige que la norma incorpore medidas que protejan la capacidad de las mipymes para generar empleo formal, formalizarse y elevar su productividad, de modo que las empresas de menor tamaño sean parte de la solución fiscal y no las principales afectadas por el ajuste.
Transición paulatina y un “test mipymes”
Entre las solicitudes concretas del gremio está la evaluación previa de los efectos de la medida y la aplicación de una transición paulatina para micro y pequeñas empresas, de manera que la entrada en vigor de los cambios no las sorprenda con estructuras de costos ya tensionadas. Acopi pidió además un “test mipymes” que sea evaluado por el Departamento Nacional de Planeación (DNP) y la Dian antes de que entren en vigencia las disposiciones sobre IVA y sanciones, con el fin de medir el impacto real de cada artículo sobre la base empresarial más frágil del aparato productivo.
El gremio también cuestionó que las sanciones por no expedir factura se calculen con base en las ventas promedio del sector y no en la situación particular de cada contribuyente, y sostuvo que esos castigos deben responder a criterios objetivos y proporcionales que atiendan los ingresos reales y la capacidad económica de cada negocio.
«Las sanciones se calculan con criterios objetivos y proporcionales, atendiendo los ingresos reales y la capacidad económica de cada negocio»
Acopi
La preocupación por la base de contribuyentes no es menor. Según la Encuesta de Micronegocios 2024 (Emicron 2024) del Dane, el 77,6% de los micronegocios no contaba con Registro Único Tributario (RUT), una realidad que, a juicio del gremio, obliga a acompañar cualquier endurecimiento normativo con asistencia para la formalización y la facturación electrónica de los pequeños comercios. A ello se suma la eliminación prevista de la tarifa del 5% de IVA a partir de 2028 y el riesgo de que los pequeños establecimientos queden rezagados frente a las grandes superficies, así como los obstáculos que podrían enfrentar los hogares para acceder a las devoluciones del mecanismo EfectIVA, cuyo funcionamiento depende de la factura electrónica.
Productividad, renta y compras públicas
Acopi solicitó igualmente incentivos verificables para innovación, tecnología, proveedores nacionales, transformación productiva y compras públicas con participación de mipymes, y pidió que el diseño de tarifas diferenciales de renta facilite el crecimiento empresarial y evite que incentive la fragmentación artificial de compañías. En materia de formación, el gremio reclamó preservar la asistencia técnica, la capacitación y el acompañamiento empresarial con resultados verificables, ante la revisión de recursos a programas públicos y los cambios en las fuentes de financiación del Sena.
«La productividad no puede entenderse únicamente como un gasto susceptible de recorte: es una inversión estratégica»
Acopi
El debate sobre el costo laboral se cruza con la advertencia de que un incremento de hasta 13,5% en los aportes puede desalentar la vinculación formal de técnicos y profesionales en empresas con márgenes estrechos, lo que a su vez reduciría la base cotizante que el propio rescate fiscal busca sostener. El ministro Gómez Martínez defendió la urgencia de la iniciativa y sostuvo que el país no puede postergar la discusión.
«No hacer nada nos llevará a una crisis nunca vivida en Colombia. Nuestra propuesta es la Ley de Rescate. Estamos listos para discutirla»
Miguel Gómez Martínez, ministro de Hacienda
Frente a esa urgencia, Acopi insistió en que el ajuste fiscal y el crecimiento de las empresas de menor tamaño deben convivir, y dejó claro que su respaldo a la ley de rescate no es incondicional: depende de que las modificaciones en aportes al Sena, al Icbf y a salud se revisen, de que exista una transición diferenciada para micro y pequeñas empresas y de que los cambios en IVA y sanciones sean evaluados antes de entrar en vigor.
«La estabilidad fiscal y el crecimiento empresarial no son objetivos opuestos»
Acopi
Con esa premisa, el gremio que preside María Elena Ospina se instaló como un interlocutor decisivo en la discusión del proyecto: su apoyo puede facilitar el trámite de una iniciativa que el Gobierno considera impostergable, pero su respaldo está atado a que el articulado reconozca que la carga adicional que hoy se propone puede desalentar la contratación formal y a que las mipymes, incluidas las miles que aún operan sin RUT, reciban acompañamiento real para formalizarse, facturar electrónicamente y competir en condiciones menos desiguales.
