La presidenta de Acopi, María Elena Ospina, y el presidente de la Andi, Bruce Mac Master, alertaron este fin de semana sobre los riesgos de un aumento de dos dígitos en el salario mínimo para 2026, así como de la declaratoria de emergencia económica y la implementación de un salario mínimo vital mediante decreto presidencial, medidas que considerarían perjudiciales para los trabajadores, las empresas y la estabilidad económica general en Colombia. Estas declaraciones surgen ante la inminente publicación del decreto entre el 29 y el 30 de diciembre, impulsado por el presidente Gustavo Petro y el ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, debido a la falta de concertación en la mesa tripartita, donde los trabajadores demandaron un 16 por ciento de incremento y los gremios propusieron solo un 7,21 por ciento.
El salario mínimo actual, que asciende a 1.423.500 pesos y es devengado por más de dos millones de trabajadores formales, se vería afectado por esta decisión unilateral del Gobierno, la cual incorporaría el concepto de salario mínimo vital basado en el artículo 53 de la Constitución y los lineamientos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que en más de 170 países utiliza una metodología tripartita para considerar elementos como inflación, productividad, crecimiento económico, desempleo y la contribución del trabajo al PIB, garantizando una vida digna que incluya alimentación, vivienda, servicios básicos, salud, educación, transporte, vestuario, imprevistos y ahorro. Sin embargo, en Colombia, especialmente en centros urbanos, el salario legal mensual vigente se encuentra por debajo de este umbral vital para una persona y su familia, lo que genera preocupación por los impactos en la sostenibilidad empresarial y el empleo formal.
Riesgos de inflación y pérdida de empleos
Los gremios empresariales enfatizan que un incremento salarial significativo en el contexto actual de incertidumbre económica pondría en jaque la formalidad laboral y generaría presiones inflacionarias que repercutirían en todos los hogares colombianos. Según cálculos presentados, por cada uno por ciento de aumento por encima de la inflación, el costo de la vida crecería entre el 0,20 y el 0,26 por ciento, afectando directamente la canasta familiar y la competitividad de las empresas, particularmente las micro, pequeñas y medianas representadas por Acopi.
«un aumento significativo del salario mínimo en el actual contexto económico pondría en riesgo la sostenibilidad empresarial, el empleo formal y la estabilidad económica»
Acopi
«por cada 1% de incremento del salario mínimo por encima de la inflación, el costo de vida para todos los colombianos crece entre el 0,20% y el 0,26%»
Bruce Mac Master, presidente de la Andi
Acopi califica estas medidas como inoportunas e innecesarias, reiterando su oposición tanto al decreto de emergencia económica como al salario mínimo vital, y hace un llamado urgente al diálogo responsable para adoptar decisiones que preserven la estabilidad macroeconómica. Bruce Mac Master, por su parte, reconoció el deseo colectivo de mejores salarios, pero advirtió sobre la necesidad de ajustarse a la capacidad real de la economía.
«Claro que todos quisiéramos que hubiera mejores salarios, pero tenemos que entender que es lo que realmente logra asumir la economía sin que los hogares colombianos tengan que pagar por una inmensa crisis»
Bruce Mac Master, presidente de la Andi
«Acopi reitera su oposición frente al decreto de emergencia económica y frente al salario mínimo vital, y hace un llamado al diálogo responsable y a la adopción de decisiones que garanticen la estabilidad económica, el empleo formal y la sostenibilidad de las empresas en Colombia»
Acopi
Estas alertas, respaldadas por fuentes como Acopi, la cuenta en X de Bruce Mac Master y declaraciones del ministro Antonio Sanguino, subrayan la tensión entre el afán gubernamental por elevar el poder adquisitivo y los riesgos de desequilibrios que podrían agravar el desempleo y la inflación en un país ya golpeado por desafíos postpandemia y volatilidades globales.
