En la VIII Cumbre de Petróleo, Gas y Energía, la ACP afirmó que el gasoducto transfronterizo Colombia-Venezuela no está operativo y su puesta a punto exigiría entre 18 y 24 meses, desmintiendo la versión de Nicolás Maduro de que el gas destinado a Colombia ya está listo para su importación.
El presidente de la ACP, Frank Pearl, subrayó que incluso si el recurso estuviera disponible en la frontera, no hay infraestructura para transportarlo. «Lo que sí es claro es que así él ya estuviera listo, no hay infraestructura para traerlo», afirmó durante la reunión. Añadió que tener la opción de importar para atender momentos de escasez no equivale a depender de alguien más. En tanto, Edwin Palma, ministro de Minas y Energía de Colombia, indicó que existen «barreras técnicas, jurídicas y económicas» que dificultan avanzar sin un marco regulatorio y contractual claro, y subrayó que cualquier análisis contractual está condicionado por las sanciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) de Estados Unidos. Además, se recordó que, en mayo de 2025, circuló la versión de que PDVSA esperaba comenzar a transportar gas hacia Colombia a finales de 2024, un plazo que la ACP considera incompatible con la realidad de la infraestructura y la disponibilidad del recurso.
La ruta de la interconexión y sus obstáculos
La visión de Vera, presidente de Xua Energy, sintetiza el marco: «La primera es que exista el recurso en el país vecino, y definitivamente Venezuela tiene reservas de gas suficientes no solo para abastecernos a nosotros, sino incluso a todo el continente. La segunda es que exista la infraestructura para hacer esa interconexión, que generalmente son gasoductos. Y la tercera es que ese recurso llegue en condiciones comerciales y de precio competitivas frente a lo que el país importador requiere». Con ello, Vera advierte que no basta con un anuncio: la implementación depende de la disponibilidad del recurso, de una red de transporte adecuada y de condiciones comerciales que hagan atractiva la operación, todos factores que, señalan, no están garantizados en el corto plazo.
«barreras técnicas, jurídicas y económicas» – Edwin Palma, Ministro de Minas y Energía
En el marco regulatorio, cualquier contrato de compraventa quedaría sujeto a las restricciones de la OFAC, lo que añade una capa de complejidad para las transacciones con Venezuela. El análisis contractual y las decisiones sobre la viabilidad operativa siguen pendientes, mientras el Gobierno colombiano mantiene como plazo oficial restablecer el suministro antes de terminar 2025. Expertos señalan que, sin la coexistencia de factores como la disponibilidad del recurso, una infraestructura operativa y condiciones comerciales competitivas, la importación de gas venezolano no representará una solución cercana para cubrir la demanda nacional, consolidando la incertidumbre sobre si esa ruta podría sustituir al gas proveniente de Colombia en el corto plazo.
