La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (Eaab) anunció la realización de aforos de consumo de agua en el sector de Hacienda Los Molinos, en la localidad de Rafael Uribe Uribe, con el fin de medir el uso real del recurso por parte de los habitantes y revisar los cobros que, en algunos casos, han llegado a facturas de hasta nueve millones de pesos. La medida, que surge de mesas de trabajo entre la entidad, la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA), la Superintendencia de Servicios Públicos y la comunidad, busca corregir las estimaciones que durante meses han afectado a más de mil doscientas familias del sector.
El predio, de construcción colonial y declarado de interés histórico, no cuenta con red formal de acueducto ni alcantarillado. Fueron los propios habitantes quienes, de manera artesanal, construyeron la infraestructura que hoy les permite tener acceso al agua, una situación que los ha mantenido al margen de la medición individual. Cerca de setecientas viviendas, clasificadas en estrato dos, reciben actualmente facturas basadas en un consumo estimado de once metros cúbicos, una cifra que coincide con el límite establecido para acceder a subsidios, pero que no refleja el agua que realmente utiliza cada familia. Esa estimación, aplicada también a usuarios no residenciales como comerciantes del sector, ha generado recibos desproporcionados que la propia Eaab reconoció como ajenos a la realidad.
El derecho a que el consumo sea medido
Los aforos que comenzarán a realizarse en el sector permitirán establecer, con base en la medición directa, cuánta agua consume efectivamente cada vivienda o establecimiento. Los resultados servirán de insumo para determinar los nuevos valores a facturar, con la intención de que el cobro se relacione directamente con el líquido utilizado y no con promedios o topes de subsidio. La CRA, por su parte, confirmó que los usuarios tienen derecho a que su consumo sea medido y señaló que no existe una norma colombiana que impida instalar medidores para los beneficiarios de servicios públicos, un pronunciamiento que respalda las demandas de la comunidad.
No es justo que familias de estrato 1 y 2, que construyeron con sus propias manos el acueducto de su barrio, reciban facturas de hasta 9 millones de pesos, hoy el Acueducto y la CRA reconocen lo que la comunidad denunciaba, vamos a seguir en las mesas hasta que el cobro sea justo para cada familia.
Rocío Dussán Pérez, concejala de Bogotá
La concejala Rocío Dussán Pérez, quien ha acompañado las reuniones entre las entidades y los líderes del sector, celebró el avance y advirtió que el proceso continuará hasta garantizar que ninguna familia se vea obligada a pagar por un consumo que no le corresponde. Las mesas de trabajo seguirán sesionando con la participación de la CRA y demás organismos de control para revisar tanto la situación de los usuarios residenciales como la de los no residenciales, incluyendo a los comerciantes que también resultaron afectados por las facturas elevadas. La problemática de Hacienda Los Molinos podría replicarse en otros sectores de Bogotá que viven en condiciones de informalidad y que carecen de medidores individuales, aunque por ahora el proceso se concentra de manera prioritaria en este caso, que se ha convertido en un referente de la lucha por una facturación justa y acorde con la realidad del consumo.
