La Asociación Distrital de Trabajadores y Trabajadoras de la Educación de Bogotá (ADE), liderada por su presidenta Aura Nelly Daza, convocó a una movilización educativa el próximo 11 de diciembre frente a la Secretaría Distrital de Educación, ubicada en la calle 26 con carrera 66 de la capital. La protesta reunirá a profesores, estudiantes y padres de familia del Colegio Bolivia IED, cuyo rector Jhon Pablo Ardila se ve afectado por traslados discrecionales, en rechazo al cierre de matrículas para nuevos estudiantes a partir de 2026, los traslados de personal como rectores y orientadores, y la eliminación de acuerdos laborales previos, incluyendo el trabajo virtual durante la semana de octubre y Semana Santa.
Esta manifestación sigue a una protesta previa el 9 de diciembre, que incluyó el bloqueo de una vía principal y la avenida El Dorado, generando interrupciones en el transporte público. Los manifestantes exigen la reducción del número de estudiantes por orientador, el aumento de la planta docente y el cumplimiento de condiciones laborales pactadas con administraciones anteriores, en un contexto de cambios que impactan directamente la educación inclusiva y el funcionamiento de los colegios oficiales.
Eliminación de aulas de apoyo genera alarma por retroceso en inclusión
Uno de los puntos más controvertidos es la eliminación de 12 aulas de apoyo destinadas a niños con discapacidad en colegios oficiales de Bogotá, de un total de 42 que operaban en la ciudad y atendían a 1.500 estudiantes, apoyados por 123 docentes especializados. Este modelo ha beneficiado a más de 6.000 estudiantes, incluyendo 221 con discapacidad múltiple y cerca de 1.000 con Síndrome de Down, con una inversión superior a 51.000 millones de pesos entre 2021 y 2024, y un presupuesto proyectado de 104.000 millones hasta 2028 en ayudas técnicas. La Secretaría de Educación defiende estos cambios como una transición hacia un modelo inclusivo alineado con la Convención sobre Derechos de las Personas con Discapacidad, la Ley 1618 de 2013 y el Decreto 1421 de 2017, atribuyendo las protestas a ajustes en directivos, aunque desvincula el malestar de su política nacional de inclusión.
“Fue un acuerdo con las anteriores Secretarías de Educación, donde los maestros y maestras podían compartir con sus hijos y no ir a trabajar y dejarlos solos en la semana de octubre y en Semana Santa. Esta administración acaba de quitarlas y dice que todas las semanas se debe trabajar de forma presencial”
Aura Nelly Daza, presidenta de la ADE
En septiembre pasado, el concejal Andrés Onzaga advirtió sobre irregularidades en la contratación de dispositivos de asistencia, con sobrecostos de hasta el 695% en elementos como bastones y cuadernos de braille. Los voceros de los cuidadores enfatizan que la educación inclusiva no implica invisibilizar las diferencias, y que las aulas de apoyo representan una herramienta de dignidad, no de segregación, por lo que su cierre configuraría un grave retroceso en los derechos adquiridos por las personas con discapacidad. Las demandas de la ADE buscan no solo revertir estos traslados que afectan directamente al rector Jhon Pablo Ardila y a orientadores educativos del Colegio Bolivia IED, sino también garantizar mejores condiciones para el magisterio bogotano en medio de esta transición educativa.
“La educación inclusiva no se trata de invisibilizar las diferencias. Las aulas de apoyo son una herramienta de dignidad, no de segregación. Cerrarlas sería un retroceso en los derechos adquiridos de las personas con discapacidad”
Voceros de los cuidadores
La convocatoria del 11 de diciembre se presenta como un llamado urgente a defender los avances en educación inclusiva y laboral, en un momento en que los cambios administrativos generan tensiones entre la comunidad educativa y las autoridades distritales.
