En una noticia que reabre el debate sobre la neutralidad de la comunicación institucional, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca admitió para estudio una acción de cumplimiento contra el Servicio Geológico Colombiano y el Ministerio de Educación por presuntas utilizaciones de cuentas oficiales para promover al presidente Gustavo Petro. La admisión se registró el 5 de noviembre y ocurre en un periodo en el que Petro activó sus redes oficiales el 17 de septiembre y, entre septiembre y octubre, se habría utilizado estas cuentas con fines políticos, con una denuncia ante la Procuraduría General de la Nación presentada el 19 de septiembre por Hernán Cortés. La iniciativa es impulsada por la Fundación para el Estado de derecho (FEDe), representada legalmente por Andrés Caro, y se apoya en la Ley 1474 de 2011, conocida como Estatuto Anticorrupción, que prohíbe usos políticos de la difusión institucional.
Según la acción, al menos 60 cuentas oficiales difundieron un manual con frases destacadas de Petro y se utilizaron hashtags como #SeRobaronLaSalud, #TrumpSeEquivocóDePaís y #El24ALaPlaza para ampliar el alcance de mensajes desde canales institucionales. El expediente señala que las cuentas implicadas, entre ellas las del Servicio Geológico Colombiano, cuentan con seguidores de miles de colombianos, lo que agrava la preocupación por la neutralidad de estas entidades. El tribunal fijó un plazo de 20 días para emitir una decisión desde la admisión del recurso, señal de la urgencia con que se busca determinar la continuidad de estas prácticas y, de ser necesario, ordenar medidas para su cesación.
La admisión para estudio abre la vía a posibles medidas y al impulso de un debate sobre la neutralidad de la comunicación oficial
El contexto legal y periodístico de la causa remarca un tablero de antecedentes que incluye el debate sobre la neutralidad institucional y el uso de publicidad oficial. La Ley 1474 de 2011, que regula el Estatuto Anticorrupción, prohíbe expresamente usos políticos de la difusión institucional y sustenta la posibilidad de acciones de cumplimiento cuando se detectan desvíos. En paralelo, hay denuncias ante la Procuraduría General de la Nación, destacando el 19 de septiembre la presentación de un escrito por Hernán Cortés para solicitar una investigación sobre el uso de redes oficiales con fines políticos y la promoción personal del presidente. FEDe ha pedido también a las entidades abstenerse de usar publicidad oficial para promover a servidores públicos o replicar mensajes ajenos a su objeto legal, una cautela que pretende preservar la misión institucional y la igualdad de condiciones en la competencia informativa.
«El uso de una cuenta destinada a alertar a la población sobre riesgos naturales para fines de propaganda es preocupante, pues se puso temporalmente al servicio de un objetivo político un canal cuya razón de ser es la protección de la vida y la gestión del riesgo» – Andrés Caro, representante legal de FEDe
«El uso de recursos institucionales para promover agendas políticas desnaturaliza la función pública, otorga ventajas comunicativas indebidas al Gobierno, afecta la igualdad democrática y puede derivar en faltas disciplinarias, fiscales y administrativas» – Andrés Caro, representante legal de FEDe
«Hemos advertido cómo el Gobierno nacional ha utilizado redes sociales institucionales, oficiales, técnicas, como son las redes sociales de la Dian, como son las redes sociales del sistema meteorológico que deberían ser neutras, técnicas, las ha utilizado para hacer propaganda oficial, las ha utilizado para tapar sus escándalos de corrupción y para mover su agenda, y eso es sencillamente ilegal e inconstitucional» – Hernán Cortés
Este episodio se ubica dentro de un marco de discusión sobre cómo deben conducirse las comunicaciones oficiales y qué circunstancias pueden justificar medidas para garantizar la neutralidad. Si se confirman las presuntas irregularidades, podrían abrirse caminos para sanciones disciplinarias, fiscales y administrativas, además de un posible cese de contenidos políticos desde plataformas institucionales. Los próximos días serán decisivos para entender si la administración pública colombiana ajusta sus prácticas de difusión institucional para cumplir con la normativa vigente y con los principios de imparcialidad que exigen las entidades estatales.
