El Consejo de Estado, a través de su Sala Tercera de Decisión, admitió la demanda de pérdida de investidura contra el senador Ciro Ramírez, del Centro Democrático, por su presunta implicación en el escándalo de corrupción conocido como «Las Marionetas 2.0». La acción judicial, que busca removerlo de su curul en lo que se conoce como «muerte política», había sido inadmitida en abril de 2025 por incumplir requisitos formales. Tras ser subsanada, la providencia inicial de inadmisión constaba de 438 páginas. El demandante, cuya identidad no ha sido revelada, corrigió las falencias, específicamente la certificación de que Ramírez era senador en 2021 y la constancia de notificación del proceso. La admisión no implica una decisión de fondo, sino que permite continuar con el trámite legal.
El senador Ciro Ramírez ya enfrenta una condena en primera instancia de la Corte Suprema de Justicia a 23 años de prisión por los delitos de cohecho propio y concierto para delinquir, dentro del mismo entramado corrupto. Ahora, la demanda de pérdida de investidura se sustenta en causales como la indebida destinación de dineros públicos y el tráfico de influencias. La Sala Tercera de Decisión del Consejo de Estado le ha otorgado un plazo de cinco días al congresista para que presente su pronunciamiento oficial sobre los hechos que se le imputan, en el marco de este nuevo proceso judicial.
El trasfondo del caso «Las Marionetas 2.0»
El caso «Las Marionetas 2.0» es una investigación por una red de direccionamiento ilegal de contratos públicos que involucra a congresistas, asesores y funcionarios territoriales. Los hechos atribuidos a Ciro Ramírez ocurrieron en 2021, cuando presuntamente acordó una negociación criminal con Pablo César Herrera, asesor de Proyecta, y Pierre García, exsubdirector del DPS, para celebrar un contrato interadministrativo entre Proyecta y el DPS. Inicialmente, el expediente carecía de la documentación que acreditara la calidad de senador de Ramírez en ese año y la notificación formal del proceso, lo que llevó a la inadmisión. Con la subsanación de estos requisitos, el Consejo de Estado podrá ahora estudiar el fondo de la demanda y determinar si el legislador debe ser apartado definitivamente de su cargo.
