La Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres) suspendió el trámite de 557 reclamaciones por más de 20.000 millones de pesos tras detectar presuntas irregularidades en la acreditación de hechos terroristas vinculados con indemnizaciones por muerte y gastos funerarios. Así lo informó el director general de la entidad, Iván Sánchez Arango, quien señaló que la nueva administración puso los hallazgos en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación mediante una noticia criminal, mientras continúan las investigaciones internas para establecer lo ocurrido y determinar eventuales responsabilidades.
La revisión de las solicitudes, realizada en el marco de una investigación en curso, encontró inconsistencias en el cumplimiento de los requisitos normativos que permiten el reconocimiento de estos beneficios cuando el fallecimiento está asociado a actos terroristas. De los casos revisados, el 86 por ciento presentó algún tipo de irregularidad, lo que motivó la suspensión inmediata de los trámites. La entidad aclaró que este hallazgo no equivale a una determinación de responsabilidad penal o administrativa, la cual será definida por las autoridades competentes, y que no todas las solicitudes son necesariamente fraudulentas, pero requieren verificación adicional.
Fortalecimiento de controles internos
La Adres es la entidad encargada de administrar los recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud en Colombia, y su normativa permite reconocer indemnizaciones por muerte y gastos funerarios cuando el fallecimiento deriva de actos terroristas, siempre que se cumplan estrictos requisitos de acreditación. En este caso, las reclamaciones fueron presentadas desde diferentes regiones del país, aunque la entidad no detalló su distribución geográfica ni precisó cuántas corresponden a indemnización por muerte o a gastos funerarios, ni el número de personas que las interpusieron. La medida busca proteger recursos públicos y evitar pagos no sustentados, en el marco de las revisiones internas que la nueva administración ha venido realizando sobre distintos procedimientos y pagos del sistema de salud para garantizar trazabilidad, transparencia y control.
Los trámites asociados a las 557 reclamaciones permanecerán suspendidos mientras las autoridades revisan la documentación. La Adres se comprometió a atender todos los requerimientos de la Fiscalía y a suministrar la información necesaria para esclarecer los hechos. El caso se suma a otras auditorías internas que la entidad ha emprendido en los últimos meses como parte de una estrategia de fortalecimiento institucional y lucha contra posibles desvíos de recursos públicos destinados a la salud.
