La Academia Nacional de Medicina encendió las alarmas ante el Congreso de la República al advertir que la eliminación de los impuestos a los alimentos ultraprocesados, propuesta en el proyecto de ley 012 de 2026, representaría un grave riesgo para la salud pública en Colombia. En un pronunciamiento público, la entidad científica pidió conservar los gravámenes a las bebidas y alimentos con alto contenido de azúcar, sodio o grasas saturadas, y destinar la totalidad de lo recaudado a financiar el sistema de salud. La iniciativa, promovida por los representantes Daniel Briceño, del Centro Democrático, y Carol Borda, de Salvación Nacional, también ha sido anunciada por la administración de Abelardo de la Espriella como parte de su propuesta de reforma tributaria.
Los impuestos saludables se incorporaron al Estatuto Tributario con la reforma de 2022, con el doble propósito de reducir el consumo de productos nocivos y financiar la salud de los colombianos. Sin embargo, los congresistas promotores de la eliminación, entre ellos Carol Borda, sostienen que estos gravámenes solo golpean el bolsillo de los ciudadanos. Frente a ello, la Academia Nacional de Medicina considera que la inflación alimentaria del país obedece más a factores agrícolas, climáticos y logísticos que a estos tributos, y subraya que los ultraprocesados no son productos básicos de la canasta familiar.
Las cifras respaldan la preocupación de la Academia. Entre 2013 y 2023, la población del régimen contributivo atendida por diabetes aumentó un 54 por ciento, mientras que las atenciones y prestaciones asociadas a esta enfermedad crecieron cerca de un 150 por ciento. La Encuesta Nacional de la Situación Nutricional de 2015 ya revelaba exceso de peso en el 56 por ciento de los adultos colombianos. En contraste, los estudios de mercado realizados entre 2015 y 2024 evidencian que, desde la implementación de estos tributos, algunos productos han reducido sus contenidos de azúcar y sodio, lo que la Academia considera un avance que no debe desecharse.
Un debate que cruza lo fiscal y lo sanitario
Los impuestos saludables, incorporados al Estatuto Tributario mediante la reforma de 2022, fueron diseñados con el doble propósito de desestimular el consumo de productos nocivos y financiar la salud. Sin embargo, los representantes Daniel Briceño, del Centro Democrático, y Carol Borda, de Salvación Nacional, promotores de la iniciativa para eliminarlos, sostienen que estos gravámenes encarecen la canasta familiar y denuncian presuntos desvíos de los recursos recaudados hacia actos de corrupción. En la misma línea se ha pronunciado la administración de Abelardo de la Espriella, que incluyó dicha eliminación dentro de su propuesta de reforma tributaria. No obstante, la Academia Nacional de Medicina insiste en que la inflación alimentaria que afecta a los colombianos está más relacionada con factores agrícolas, climáticos y logísticos que con estos tributos, y recuerda que los productos ultraprocesados no son parte de la canasta básica.
Los impuestos saludables fueron incorporados al Estatuto Tributario mediante la reforma de 2022, con el doble propósito de desincentivar el consumo de productos nocivos para la salud y financiar el sistema sanitario. Las cifras respaldan la preocupación de la Academia: entre 2013 y 2023, la población del régimen contributivo atendida por diabetes creció un 54 por ciento, mientras que las atenciones y prestaciones asociadas a esta enfermedad aumentaron cerca del 150 por ciento. Además, la Encuesta Nacional de la Situación Nutricional de 2015 ya evidenciaba exceso de peso en el 56 por ciento de los adultos colombianos. No obstante, los estudios de mercado entre 2015 y 2024 muestran reducciones en el contenido de azúcar y sodio de algunos productos, lo que la Academia atribuye, en parte, a la existencia de estos gravámenes y a los sellos de advertencia.
El debate se da en un momento en que los representantes Daniel Briceño, del Centro Democrático, y Carol Borda, de Salvación Nacional, impulsan la eliminación de estos tributos, creados en la reforma tributaria de 2022 para desestimular el consumo de productos con alto contenido de azúcar, sodio o grasas saturadas y financiar la salud. Los congresistas sostienen que los impuestos golpean el bolsillo de los ciudadanos y denuncian presuntos desvíos de los recursos. Incluso la administración de Abelardo de la Espriella ha incluido su eliminación en su propuesta de reforma tributaria. No obstante, la Academia Nacional de Medicina insiste en que estos recursos son esenciales y deben destinarse íntegramente a la financiación de la salud de los colombianos, al tiempo que recordó que la inflación alimentaria del país obedece más a factores agrícolas, climáticos y logísticos que al costo de estos tributos, pues los ultraprocesados no son productos de la canasta básica.
Las cifras que respaldan la advertencia de la Academia son contundentes. Entre 2013 y 2023, la población del régimen contributivo atendida por diabetes aumentó 54 por ciento, mientras que las atenciones y prestaciones asociadas a esta enfermedad crecieron cerca de 150 por ciento. De acuerdo con la Encuesta Nacional de la Situación Nutricional de 2015, el exceso de peso afecta al 56 por ciento de los adultos colombianos, una cifra que evidencia la magnitud de la crisis de salud asociada a la mala alimentación. Los estudios de mercado realizados entre 2015 y 2024, además, muestran que los impuestos han impulsado reducciones en el contenido de azúcar y sodio de algunos productos, lo que refuerza la tesis de la Academia sobre la efectividad de estos gravámenes como herramienta de salud pública.
Los impuestos saludables, que recaen sobre bebidas y alimentos ultraprocesados con altos niveles de azúcar, sodio o grasas saturadas, fueron incorporados al Estatuto Tributario mediante la reforma de 2022 con el doble propósito de reducir el consumo de productos nocivos y financiar la salud. Sin embargo, los representantes Daniel Briceño, del Centro Democrático, y Carol Borda, de Salvación Nacional, impulsan su eliminación argumentando un aumento en el costo de vida y presuntos desvíos de los recursos recaudados. La administración de Abelardo de la Espriella también ha incluido la eliminación de estos gravámenes dentro de su propuesta de reforma tributaria. Frente a esto, la Academia Nacional de Medicina salió al paso y recordó que la inflación alimentaria en Colombia está más relacionada con factores agrícolas, climáticos y logísticos que con estos tributos, y que los ultraprocesados no son productos básicos de la canasta familiar.
El debate legislativo, que ya está en curso para 2026, revive la discusión sobre el origen y propósito de estos impuestos, los cuales fueron incorporados al Estatuto Tributario mediante la reforma de 2022 con el doble objetivo de desestimular el consumo de productos nocivos y financiar la salud pública. Sin embargo, los críticos de los gravámenes aseguran que encarecen el bolsillo de los ciudadanos y que han estado rodeados de presuntos desvíos de recursos. La Academia Nacional de Medicina, en contraste, sostiene que la inflación alimentaria en el país responde más a factores agrícolas, climáticos y logísticos que a estos tributos, y subraya que los ultraprocesados no son productos de la canasta básica.
Las cifras respaldan la preocupación de la entidad científica. Entre 2013 y 2023, la población del régimen contributivo atendida por diabetes aumentó un 54 por ciento, mientras que las atenciones y prestaciones asociadas crecieron cerca de un 150 por ciento. Además, la Encuesta Nacional de la Situación Nutricional de 2015 reveló que el 56 por ciento de los adultos colombianos presenta exceso de peso. Frente a esto, los promotores de la eliminación del tributo, los representantes Daniel Briceño, del Centro Democrático, y Carol Borda, de Salvación Nacional, argumentan un incremento en los costos para los ciudadanos y señalan presuntos desvíos de los recursos recaudados hacia casos de corrupción.
Los impuestos saludables, que gravan las bebidas y los alimentos ultraprocesados con altos contenidos de azúcar, sodio o grasas saturadas, se incorporaron al Estatuto Tributario en la reforma de 2022. En contraste con quienes promueven su eliminación, la Academia Nacional de Medicina sostiene que la inflación alimentaria del país está más ligada a factores agrícolas, climáticos y logísticos que a estos tributos, y que los ultraprocesados no son productos básicos de la canasta familiar. La entidad respalda sus argumentos con cifras contundentes: entre 2013 y 2023, la población del régimen contributivo atendida por diabetes creció un 54 por ciento, mientras que las atenciones y prestaciones asociadas aumentaron cerca del 150 por ciento. Además, la Encuesta Nacional de la Situación Nutricional de 2015 reveló exceso de peso en el 56 por ciento de los adultos colombianos, un panorama que podría agravarse sin la existencia de estos gravámenes.
Los impuestos a las bebidas y alimentos ultraprocesados con alto contenido de azúcar, sodio o grasas saturadas se incorporaron al Estatuto Tributario con la reforma de 2022, con el doble propósito de desestimular el consumo de productos nocivos y financiar la salud. Sin embargo, los representantes Daniel Briceño, del Centro Democrático, y Carol Borda, de Salvación Nacional, promueven la eliminación de estos gravámenes bajo el argumento de que encarecen el bolsillo de los colombianos y de que existen presuntos desvíos de los recursos recaudados. La administración de Abelardo de la Espriella también ha anunciado la eliminación en su propuesta de reforma tributaria, en sintonía con los críticos que cuestionan el aumento de costos. No obstante, la Academia Nacional de Medicina insiste en que la inflación alimentaria del país está más relacionada con factores agrícolas, climáticos y logísticos que con estos tributos, y que los ultraprocesados no son productos básicos en la canasta familiar.
El debate se da en momentos en que las cifras de salud pública encienden las alertas. Entre 2013 y 2023, la población del régimen contributivo atendida por diabetes aumentó 54 por ciento, mientras que las atenciones y prestaciones asociadas a esta enfermedad crecieron cerca de 150 por ciento. De igual manera, la Encuesta Nacional de la Situación Nutricional de 2015 reveló que el exceso de peso afecta al 56 por ciento de los adultos colombianos. Estos impuestos, creados en la reforma tributaria de 2022, fueron concebidos precisamente para reducir el consumo de productos nocivos y financiar la red de salud. No obstante, los críticos de la medida, entre ellos los representantes Daniel Briceño y Carol Borda, impulsores del proyecto de eliminación, argumentan que representan un aumento de costos para los ciudadanos y señalan presuntos desvíos de recursos hacia prácticas de corrupción.
La Academia Nacional de Medicina, sin embargo, considera que la inflación alimentaria en Colombia está más relacionada con factores agrícolas, climáticos y logísticos que con estos tributos, y que los ultraprocesados no son productos de la canasta básica. Las cifras respaldan la preocupación: entre 2013 y 2023, la población del régimen contributivo atendida por diabetes aumentó 54 por ciento, mientras que las atenciones y prestaciones asociadas crecieron cerca de 150 por ciento. Además, la Encuesta Nacional de la Situación Nutricional de 2015 ya revelaba exceso de peso en el 56 por ciento de los adultos colombianos. En contraste, los estudios de mercado entre 2015 y 2024 muestran reducciones en el contenido de azúcar y sodio de algunos productos, lo que sugiere que los impuestos han tenido un efecto positivo en la reformulación industrial.
El pronunciamiento de la Academia se da en medio del debate legislativo del proyecto de ley 012 de 2026, promovido por los representantes Daniel Briceño, del Centro Democrático, y Carol Borda, de Salvación Nacional, quienes también han anunciado la eliminación de estos tributos en la propuesta de reforma tributaria de la administración de Abelardo de la Espriella. Los congresistas argumentan que los impuestos saludables, creados en la reforma de 2022, han encarecido el bolsillo de los colombianos y señalan presuntos desvíos de los recursos recaudados. Sin embargo, la Academia Nacional de Medicina insiste en que los datos demuestran lo contrario: entre 2013 y 2023, la población del régimen contributivo atendida por diabetes aumentó un 54 por ciento, mientras que las atenciones y prestaciones asociadas crecieron cerca del 150 por ciento. Además, la Encuesta Nacional de la Situación Nutricional de 2015 reveló exceso de peso en el 56 por ciento de los adultos colombianos, y estudios de mercado entre 2015 y 2024 evidencian reducciones en el contenido de azúcar y sodio de algunos productos, precisamente por efecto de estos gravámenes.
Una medida con respaldo científico frente a la presión política
La Academia Nacional de Medicina fue enfática al señalar que la inflación alimentaria que afecta a los colombianos no se debe a estos tributos, sino a factores agrícolas, climáticos y logísticos, y recordó que los alimentos ultraprocesados no son productos básicos de la canasta familiar. La entidad defendió la continuidad de los sellos octogonales de advertencia y pidió que la totalidad de lo recaudado se destine a financiar la salud de los ciudadanos. Cifras contundentes respaldan la postura: entre 2013 y 2023, la población del régimen contributivo atendida por diabetes aumentó 54 % y las atenciones asociadas crecieron cerca de 150 por ciento, mientras que la Encuesta Nacional de la Situación Nutricional de 2015 reveló que el 56 % de los adultos colombianos presentaba exceso de peso. Los estudios de mercado entre 2015 y 2024 muestran además reducciones en el contenido de azúcar y sodio de algunos productos, un avance que la Academia atribuye a la existencia de estos tributos.
Una disputa entre la salud pública y el bolsillo
La propuesta de eliminar estos impuestos, que fueron creados en la reforma tributaria de 2022 con el propósito de desincentivar el consumo de productos nocivos y financiar el sistema de salud, ha generado un fuerte debate. Los representantes Daniel Briceño, del Centro Democrático, y Carol Borda, de Salvación Nacional, impulsan el proyecto de ley 012 de 2026, y la administración de Abelardo de la Espriella también ha incluido la eliminación en su propuesta de reforma tributaria. Los congresistas argumentan que estos gravámenes encarecen los productos y denuncian presuntos desvíos de los recursos recaudados hacia casos de corrupción, una postura que la Academia contradice al señalar que la inflación alimentaria en Colombia responde más a factores agrícolas, climáticos y logísticos que a estos tributos, y que los ultraprocesados no son parte de la canasta básica de alimentos.
El pronunciamiento de la Academia Nacional de Medicina se da en medio del debate legislativo actual, y está respaldado por cifras que evidencian el deterioro de la salud de los colombianos. Entre 2013 y 2023, la población del régimen contributivo atendida por diabetes aumentó un 54 por ciento, mientras que las atenciones y prestaciones asociadas crecieron cerca de un 150 por ciento. La Encuesta Nacional de la Situación Nutricional de 2015 ya revelaba exceso de peso en el 56 por ciento de los adultos colombianos, una tendencia que los tributos buscaban contener. La Academia Nacional de Medicina señaló que la inflación alimentaria en Colombia está más relacionada con factores agrícolas, climáticos y logísticos que con estos gravámenes, y recordó que los productos ultraprocesados no son alimentos básicos de la canasta familiar.
La postura de los críticos y el llamado a la conciencia
En contraste con la advertencia de la Academia, los representantes Daniel Briceño, del Centro Democrático, y Carol Borda, de Salvación Nacional, promotores de la iniciativa de eliminación, insisten en que estos tributos encarecen la canasta familiar y señalan presuntos desvíos de los recursos recaudados hacia actos de corrupción. La administración de Abelardo de la Espriella también ha incluido la eliminación de estos gravámenes en su propuesta de reforma tributaria, en línea con las críticas que consideran que se trata de un castigo al bolsillo de los ciudadanos. Sin embargo, la Academia Nacional de Medicina insiste en que los impuestos no son los culpables de la inflación alimentaria, sino que esta obedece a factores agrícolas, climáticos y logísticos, y recuerda que los ultraprocesados no son productos básicos de la canasta familiar.
Las cifras respaldan la preocupación de la Academia. Entre 2013 y 2023, la población del régimen contributivo atendida por diabetes aumentó 54 por ciento, mientras que las atenciones y prestaciones asociadas crecieron cerca de 150 por ciento. La Encuesta Nacional de la Situación Nutricional de 2015 ya evidenciaba exceso de peso en el 56 por ciento de los adultos colombianos, una tendencia que los expertos asocian con el alto consumo de productos ultraprocesados. Los estudios de mercado entre 2015 y 2024, eso sí, muestran reducciones en el contenido de azúcar y sodio en algunos productos, lo que sugiere que los impuestos también han incentivado mejoras en la oferta alimentaria.
El debate por los impuestos saludables
La discusión se da en medio del trámite del proyecto de ley 012 de 2026, con el que los representantes Daniel Briceño, del Centro Democrático, y Carol Borda, de Salvación Nacional, buscan eliminar los gravámenes a las bebidas y alimentos ultraprocesados con alto contenido de azúcar, sodio o grasas saturadas. Estos tributos, conocidos como impuestos saludables, fueron incorporados al Estatuto Tributario en la reforma de 2022 con el doble propósito de desestimular el consumo de productos nocivos y financiar la salud de los colombianos. La Academia Nacional de Medicina, sin embargo, insiste en que la inflación alimentaria del país está más relacionada con factores agrícolas, climáticos y logísticos que con estos gravámenes, y subraya que los ultraprocesados no son productos de la canasta básica. Las cifras respaldan la preocupación: entre 2013 y 2023, la población del régimen contributivo atendida por diabetes creció 54 % y las atenciones asociadas se dispararon cerca de 150 %, mientras que la Encuesta Nacional de la Situación Nutricional de 2015 ya evidenciaba exceso de peso en el 56 % de los adultos colombianos.
Los impuestos a las bebidas y alimentos ultraprocesados con alto contenido de azúcar, sodio o grasas saturadas fueron incorporados al Estatuto Tributario mediante la reforma de 2022, con el objetivo de reducir el consumo de productos nocivos y financiar la salud. Sin embargo, los representantes Daniel Briceño, del Centro Democrático, y Carol Borda, de Salvación Nacional, impulsan el proyecto de ley 012 de 2026 para eliminarlos, argumentando que encarecen el bolsillo de los ciudadanos y señalando presuntos desvíos de los recursos recaudados. La administración de Abelardo de la Espriella también ha anunciado la eliminación de estos gravámenes en su propuesta de reforma tributaria.
Una postura basada en la evidencia
Frente a estos argumentos, la Academia Nacional de Medicina sostiene que la inflación alimentaria del país está más ligada a factores agrícolas, climáticos y logísticos que a los impuestos saludables, y recuerda que los ultraprocesados no son productos básicos de la canasta familiar. Las cifras respaldan su preocupación: entre 2013 y 2023, la población del régimen contributivo atendida por diabetes aumentó 54 por ciento, mientras que las atenciones y prestaciones asociadas crecieron cerca de 150 por ciento. Adicionalmente, la Encuesta Nacional de la Situación Nutricional de 2015 reveló que el 56 por ciento de los adultos colombianos presentaba exceso de peso. En contraste, estudios de mercado nacional entre 2015 y 2024 evidencian reducciones en el contenido de azúcar y sodio de algunos productos, lo que sugiere que los gravámenes han tenido un efecto positivo en la industria.
Una batalla política en torno a los impuestos saludables
La propuesta de eliminar estos tributos, que se incorporaron al Estatuto Tributario con la reforma de 2022, es impulsada por los representantes Daniel Briceño, del Centro Democrático, y Carol Borda, de Salvación Nacional. Ambos congresistas argumentan que los impuestos encarecen la canasta familiar y señalan presuntos desvíos de los recursos recaudados hacia casos de corrupción. En contraste, la Academia Nacional de Medicina sostiene que la inflación alimentaria del país está más vinculada a factores agrícolas, climáticos y logísticos que a estos tributos, y subraya que los ultraprocesados no son productos básicos de la canasta familiar. La misma postura ha sido defendida por la administración de Abelardo de la Espriella, cuya propuesta de reforma tributaria también contempla eliminar estos gravámenes, una medida que la Academia considera contrapuesta a la evidencia científica.
Los impuestos saludables, que gravan las bebidas y alimentos ultraprocesados con alto contenido de azúcar, sodio o grasas saturadas, fueron incorporados al Estatuto Tributario en la reforma de 2022. Su propósito declarado fue doble: desincentivar el consumo de productos nocivos para la salud y financiar el sistema sanitario. Sin embargo, los representantes Daniel Briceño, del Centro Democrático, y Carol Borda, de Salvación Nacional, impulsan el proyecto de ley 012 de 2026 para eliminarlos, argumentando que encarecen la canasta familiar y señalando presuntos desvíos de los recursos recaudados. La Academia Nacional de Medicina, en contraste, sostiene que la inflación alimentaria del país obedece más a factores agrícolas, climáticos y logísticos que a estos tributos, y que los ultraprocesados no son productos de la canasta básica.
Los impuestos a las bebidas y alimentos ultraprocesados con alto contenido de azúcar, sodio o grasas saturadas se incorporaron al Estatuto Tributario con la reforma de 2022, con el doble propósito de desestimular el consumo de productos nocivos y financiar la salud. Sin embargo, los representantes Daniel Briceño, del Centro Democrático, y Carol Borda, de Salvación Nacional, promueven el proyecto de ley 012 de 2026 para eliminarlos, argumentando un aumento de costos para los ciudadanos y presuntos desvíos de recursos hacia la corrupción. La administración de Abelardo de la Espriella también ha anunciado la eliminación de estos gravámenes en el marco de su propuesta de reforma tributaria. Frente a esto, la Academia Nacional de Medicina sostiene que la inflación alimentaria del país obedece a factores agrícolas, climáticos y logísticos, y no a estos tributos, que no afectan productos básicos.
Las cifras respaldan la preocupación de la Academia. Entre 2013 y 2023, la población del régimen contributivo atendida por diabetes aumentó un 54 por ciento, mientras que las atenciones y prestaciones asociadas crecieron cerca del 150 por ciento. La Encuesta Nacional de la Situación Nutricional de 2015 ya revelaba exceso de peso en el 56 por ciento de los adultos colombianos, una tendencia que los especialistas asocian con el alto consumo de productos ultraprocesados. En contraste, estudios del mercado colombiano entre 2015 y 2024 evidencian reducciones en el contenido de azúcar y sodio de algunos productos, lo que sugiere que los impuestos han incentivado mejoras en la oferta alimentaria.
Un debate entre la salud pública y la presión fiscal
El proyecto de ley 012 de 2026, promovido por los representantes Daniel Briceño, del Centro Democrático, y Carol Borda, de Salvación Nacional, busca eliminar los gravámenes a las bebidas y alimentos ultraprocesados con alto contenido de azúcar, sodio o grasas saturadas. Estos tributos fueron incorporados al Estatuto Tributario en la reforma de 2022 con el doble propósito de desestimular el consumo de productos nocivos y financiar el sistema de salud. Sin embargo, la Academia Nacional de Medicina advierte que quitarlos tendría consecuencias directas sobre la población, pues las cifras muestran un deterioro sostenido en los indicadores de salud: entre 2013 y 2023, la población del régimen contributivo atendida por diabetes aumentó 54 por ciento, mientras que las atenciones y prestaciones asociadas crecieron cerca de 150 por ciento. La Encuesta Nacional de la Situación Nutricional de 2015 ya evidenciaba exceso de peso en el 56 por ciento de los adultos colombianos, un antecedente que, a juicio de los expertos, obliga a mantener los gravámenes como herramienta de prevención.
Los impuestos saludables, incorporados al Estatuto Tributario con la reforma de 2022, nacieron con el propósito de reducir el consumo de productos nocivos para la salud y financiar el sistema sanitario. Sin embargo, la iniciativa legislativa que busca eliminarlos ha encontrado un fuerte respaldo en algunos sectores políticos. Los representantes Daniel Briceño, del Centro Democrático, y Carol Borda, de Salvación Nacional, son los promotores de esta cruzada contra el tributo, argumentando que encarece la canasta familiar y que los recursos recaudados habrían sido objeto de presuntos desvíos hacia actos de corrupción. Borda fue enfática al referirse al origen de estos impuestos en el gobierno del presidente Gustavo Petro: “Petro dijo que era para cuidarnos. Nosotros vemos un impuesto más al bolsillo de los colombianos”.
Una mirada desde la evidencia científica
Frente a estas críticas, la Academia Nacional de Medicina salió al paso y presentó cifras contundentes para justificar la permanencia del gravamen. Según sus estudios, entre 2013 y 2023 la población del régimen contributivo atendida por diabetes aumentó un 54 por ciento, mientras que las atenciones y prestaciones asociadas a esta enfermedad crecieron cerca de un 150 por ciento. Un panorama que se complementa con los datos de la Encuesta Nacional de la Situación Nutricional de 2015, que ya advertían que el 56 por ciento de los adultos colombianos presentaba exceso de peso. La entidad científica también desestimó la idea de que estos impuestos sean los responsables de la inflación alimentaria, pues considera que esta se relaciona más con factores agrícolas, climáticos y logísticos que con tributos a productos que no son de la canasta básica.
Los especialistas añaden que existe evidencia de que la medida ha tenido efectos positivos en la industria. Estudios de mercado colombiano realizados entre 2015 y 2024 dieron cuenta de reducciones en el contenido de azúcar y sodio en algunos productos, lo que sugiere una respuesta del sector ante la presión fiscal y los sellos de advertencia. Por ello, la Academia pidió que la totalidad de lo recaudado se destine a financiar la salud de los colombianos y defendió la continuidad de los sellos octogonales, así como el fortalecimiento de estrategias educativas y políticas de acceso a alimentos saludables. Mientras tanto, la administración del presidente Petro, a través de su propuesta de reforma tributaria, ya había anunciado la eliminación de este impuesto, en una decisión que ahora espera el debate en el Congreso con la advertencia de la comunidad científica sobre sus implicaciones para la salud pública del país.
